La Agencia Tributaria andaluza activa su canal interno para denunciar infracciones

La Agencia Tributaria de Andalucía ha puesto en marcha su «sistema interno de información» para recibir alertas sobre posibles infracciones normativas. Así lo recoge una resolución de su Dirección, fechada el 16 de octubre, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y ya en vigor.

La medida se apoya en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que incorpora al ordenamiento español la Directiva (UE) 2019/1937. Según la resolución, esta norma busca otorgar protección adecuada frente a represalias a quienes informen, así como fortalecer la cultura de la información como mecanismo para prevenir y detectar amenazas al interés público.

El sistema se constituye al amparo del Decreto 103/2025, de 21 de mayo, que establece la obligación de contar con sistemas internos independientes en entidades instrumentales y consorcios de cincuenta o más trabajadores. El sistema será «único, independiente y diferenciado» y podrá utilizarse tanto por el personal como por quienes conozcan infracciones en un contexto laboral o profesional. Garantizará la confidencialidad, la reserva de identidad y el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales.

El canal admitirá comunicaciones por escrito o verbales, a través de buzón electrónico, correo postal, comparecencia personal, llamada telefónica o mensajería de voz, y también de forma anónima. Será accesible desde el Portal de la Agencia. La persona responsable del sistema, designada por la Dirección entre personal del grupo A1 con más de diez años de antigüedad y puesto de jefatura de servicio, deberá actuar de forma independiente y sin recibir instrucciones, y comunicar su designación y cese a la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.

La resolución establece que las informaciones se registrarán en un libro-registro no público, al que solo podrá accederse por petición razonada de la autoridad judicial. Cuando los hechos puedan ser indiciariamente constitutivos de delito, deberán remitirse de inmediato al Ministerio Fiscal, o a la Fiscalía Europea si afectan a intereses financieros de la Unión Europea. El plazo máximo para responder a las actuaciones de investigación no podrá superar los tres meses.