La Junta centraliza la gestión ferroviaria en Andalucía bajo la Agencia de Obra Pública

La Junta de Andalucía ha transferido formalmente a la Agencia de Obra Pública la gestión integral de los ferrocarriles metropolitanos en la región. La medida, publicada en el Boletín Oficial, abarca la explotación, mantenimiento y puesta en marcha de sistemas como Metro de Granada, Metro de Málaga y tranvías en Cádiz, Jaén y Alcalá de Guadaíra. La decisión establece que la Agencia asuma las funciones de planificación, control y operación de estas infraestructuras.

Este cambio responde a una estrategia de mayor centralización y eficiencia en la gestión del transporte público en Andalucía. La normativa modifica los estatutos de la Agencia, otorgándole nuevas competencias relacionadas con la administración, regulación y control de estos servicios, en línea con los objetivos políticos de mejorar la coordinación y calidad del transporte metropolitano.

Implica una mayor responsabilidad en la fase de puesta en marcha, que incluye pruebas, verificación de instalaciones y formación del personal operativo. Además, la Agencia será responsable de ajustar parámetros operativos y gestionar reclamaciones, tarifas y cambios en los servicios, buscando mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia técnica.

Desde una perspectiva política, la medida refuerza la apuesta del Ejecutivo autonómico por consolidar una gestión más centralizada de los sistemas ferroviarios, en un contexto de optimización presupuestaria y planificación a largo plazo. La transferencia también busca reducir la fragmentación en la gestión de los diferentes sistemas, que actualmente depende de concesionarias y entidades locales.

De cara al futuro, esta unificación del control plantea una mayor coordinación en la ampliación y modernización de las redes, como la prolongación del Metro de Granada o la expansión del Metro de Málaga. La expectativa es que, con una gestión más integrada, se puedan acelerar los procesos y mejorar la sostenibilidad del transporte público en la comunidad.

En un contexto más amplio, esta decisión forma parte de una estrategia autonómica de reforzar la gestión pública de infraestructuras clave, en un momento en que la movilidad sostenible y la descarbonización son prioritarios en la agenda política andaluza. La consolidación de un ente único puede marcar un referente para futuras actuaciones en transporte y urbanismo en la región.