La regularización migratoria en Andalucía, un debate político y poco consensuado

El Gobierno español ha aprobado un Real Decreto que permite la regularización de hasta medio millón de migrantes en situación irregular, en un proceso que ha generado críticas desde Andalucía. La Junta de Andalucía considera que esta medida responde más a intereses electorales que a una verdadera política humanitaria. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha señalado que la iniciativa fue lanzada sin un consenso previo con los partidos políticos, en particular con el principal partido de la oposición, el PP, y sin la participación de la Unión Europea. La regulación permite que los migrantes acrediten su estancia en España desde antes del 1 de enero de 2026 y que cumplan ciertos requisitos, como la ausencia de antecedentes penales y la existencia de vínculos familiares o laborales. La medida busca facilitar la integración y el acceso a derechos para quienes residían en la clandestinidad, pero su carácter excepcional y la falta de consenso abren un debate sobre su impacto político y social. La regulación, además, contempla diferentes vías de acceso, incluyendo la laboral, familiar y vulnerabilidad social, con un proceso que puede prolongarse en función de la burocracia y la cooperación internacional. Desde el Ejecutivo andaluz, se exige mayor diálogo y transparencia en decisiones de esta magnitud, que afectan a la política migratoria y a la cohesión social en la comunidad. La medida, en vigor desde este miércoles, refleja la tendencia del Gobierno central a priorizar la regularización en un contexto de crisis migratoria, aunque sin un acuerdo previo con las comunidades autónomas ni la Unión Europea. La perspectiva futura apunta a un escenario en el que la política migratoria siga siendo un tema de confrontación política, con la necesidad de buscar mayor consenso y una gestión más integral y coordinada.