Más de 200.000 autónomos andaluces enfrentan un aumento de 135 euros en sus cuotas en 2026
La Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía (ATA) estima que más de 200.000 autónomos en la región verán incrementadas sus cotizaciones mensuales en 135 euros a partir de 2026, debido a la subida de la base mínima de cotización a 1.424 euros. Esta modificación, prevista en la normativa estatal, afectará principalmente a autónomos societarios y colaboradores, quienes actualmente cotizan en torno a 1.000 euros. La medida supone un incremento del 42% en la base de cotización para estos colectivos.
El escenario político en España en los últimos años ha estado marcado por la dificultad para aprobar presupuestos generales que permitan establecer cambios estructurales en el sistema de cotizaciones sociales. La ausencia de un acuerdo parlamentario en 2023 y 2024 ha obligado a mantener congeladas las bases mínimas, pero la ley obliga a ajustarlas en 2026, sin considerar las dificultades presupuestarias. Esto responde a una estrategia del Gobierno para cumplir con los objetivos de sostenibilidad del sistema de pensiones, aunque genera rechazo entre los colectivos afectados.
El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha criticado duramente la medida, calificándola de incremento excesivo que supondrá un coste adicional de más de 1.600 euros anuales para cada autónomo afectado. La situación se agrava en el contexto de una economía regional que todavía lidia con los efectos de la pandemia y la incertidumbre generada por las políticas económicas nacionales.
Desde la perspectiva política, la falta de presupuestos ha sido interpretada por algunos analistas como una estrategia del Gobierno para evitar decisiones difíciles en medio de un escenario de fragmentación parlamentaria. La oposición, por su parte, ha aprovechado la coyuntura para exigir mayor sensibilidad con los autónomos y promover reformas que mejoren su protección social sin imposiciones excesivas.
Este conflicto refleja las tensiones existentes en el sistema político español, donde la dificultad para aprobar presupuestos y reformas estructurales afecta directamente a colectivos como los autónomos, especialmente en regiones como Andalucía, donde representan una parte significativa de la economía local y del empleo. La situación pone sobre la mesa la necesidad de un diálogo más constructivo que equilibre sostenibilidad fiscal y protección social.