Montero denuncia incumplimiento del convenio Andalucía-Ceuta para acoger menores

La dirigente socialista María Jesús Montero anunció que el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz presentará una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz para investigar el cumplimiento del convenio firmado en 2024 entre Andalucía y Ceuta. Este acuerdo, con vigencia hasta 2028, busca facilitar la protección y acogida de menores migrantes no acompañados en la comunidad. La iniciativa surge en un momento de crisis en Ceuta, tras la llegada masiva de inmigrantes en julio y la negativa de la Junta a participar en un reparto estatal de estos menores.

El contexto político refleja una tensión entre las administraciones. Mientras Ceuta enfrenta recursos sobrepasados, la Junta de Andalucía dispone de 1.200 plazas libres para menores migrantes, pero mantiene una postura de rechazo a acoger a estos niños. El convenio firmado en 2024 pretendía agilizar la derivación e integración de los menores en Andalucía, pero Montero acusa a Moreno de incumplir sus compromisos y de no colaborar con Ceuta en momentos críticos.

Desde el punto de vista político, esta situación evidencia la falta de voluntad del Gobierno andaluz para cumplir con los acuerdos de cooperación en materia migratoria. La líder socialista ha advertido que si la Junta no actúa conforme a la ley, se podría acudir a instancias judiciales. También ha criticado la estrategia del PP y Vox, que, según ella, alimentan el odio y la deshumanización de los migrantes, poniendo en riesgo la convivencia social y la estabilidad democrática.

El trasfondo de esta crisis revela una disputa política que trasciende las cuestiones humanitarias. La tensión entre partidos y las disputas por el control de los recursos y la gestión migratoria reflejan una estrategia electoral. La postura de Ceuta, tradicionalmente más comprometida con la protección de los menores, contrasta con la postura de la Junta, que prioriza otros intereses políticos.

Mirando hacia el futuro, la situación puede agravarse si no se alcanza un acuerdo que garantice la protección de los menores y el cumplimiento de los convenios. La intervención del Defensor del Pueblo podría marcar un punto de inflexión, aunque la resolución dependerá en gran medida de la voluntad política de las administraciones. La crisis ha puesto en evidencia la necesidad de mecanismos de cooperación efectivos frente a desafíos migratorios complejos.