Padres de Sandra Peña exigen investigar la presencia de alcohol en su muerte

Los padres de Sandra Peña, la joven sevillana que falleció en octubre pasado tras sufrir acoso escolar, piden esclarecer las circunstancias del día de su fallecimiento. La autopsia reveló que Sandra tenía 0,59 mg de alcohol en sangre, una cantidad significativa para una menor, y los padres cuestionan que solo pudo ingerirlo en el colegio, donde permaneció durante diez minutos tras salir acompañada por sus amigas.

El caso se desarrolla en un contexto donde la familia insiste en que hubo una posible negligencia o falta de control en el centro educativo. Aunque el juez archivó provisionalmente la querella contra el colegio Irlandesas Loreto, la familia mantiene su postura y pide que se investiguen todas las circunstancias, incluyendo la posible ingesta de alcohol en el centro y el impacto del acoso escolar en la salud mental de Sandra.

El fallo judicial consideró que las medidas tomadas por el colegio para prevenir el acoso fueron adecuadas y que el incidente ocurrió fuera del ámbito escolar. Sin embargo, los padres denuncian que no se ha investigado a fondo la autopsia ni las condiciones que pudieron haber contribuido a la tragedia. La autopsia indica que Sandra sufrió un daño psicológico importante, que también consideran relevante para entender la situación.

Desde la administración educativa, la Consejería de Desarrollo Educativo afirma que el expediente sobre el protocolo contra el acoso sigue en curso, aunque no se ha abierto una investigación específica sobre el consumo de alcohol. La familia, por su parte, anuncia que recurrirá el archivo y continuará reclamando justicia, buscando que este caso sirva para mejorar la protección de menores frente al acoso y otras posibles negligencias en los centros escolares.

Este caso refleja las tensiones existentes en el sistema educativo andaluz en relación con la gestión del acoso escolar y la responsabilidad en situaciones que afectan a menores. La muerte de Sandra ha abierto un debate sobre la necesidad de protocolos más estrictos y controles efectivos en los centros educativos para prevenir tragedias similares en el futuro.

En perspectiva, la investigación y las decisiones judiciales futuras serán cruciales para determinar responsabilidades y posibles cambios en la legislación educativa. La sociedad andaluza está atenta a cómo se abordarán estas demandas y a qué medidas se implementarán para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores en el entorno escolar.