Recurren el archivo de la causa contra el colegio de Sandra Peña para seguir investigando

La familia de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó en octubre tras sufrir acoso escolar, ha anunciado que recurrirá el archivo de la querella contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y sus docentes. La decisión judicial ha sido calificada por la familia como un retroceso en la búsqueda de justicia y reconocimiento del acoso.

El contexto político y social en Andalucía ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar los protocolos contra el acoso escolar, especialmente en instituciones educativas con gran presencia de centros privados concertados. La gestión de casos como el de Sandra ha generado debates sobre la responsabilidad institucional y la supervisión de protocolos en los centros educativos.

Desde la perspectiva jurídica, la familia considera que la decisión del juez no ha tenido en cuenta informes clave, como el de Inspección Educativa, que evidencian que la menor sufría un acoso que no fue abordado adecuadamente por el colegio. La continuidad de la investigación se ve ahora como esencial para depurar responsabilidades y evitar que otros casos similares queden impunes.

Por otra parte, la investigación también ha puesto en relieve la percepción social sobre la protección de menores en centros educativos. La autopsia revela la presencia de alcohol en la sangre de Sandra, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre las circunstancias de su fallecimiento y la posible presencia de otros factores que agravaron su situación.

En el ámbito político, el Gobierno andaluz ha reiterado su compromiso con la lucha contra el acoso escolar y ha anunciado que se revisarán los protocolos y medidas de control en los centros educativos, además de reforzar la formación del profesorado en esta materia. La gestión de estos casos se ha convertido en un elemento clave para la agenda educativa en la región.

De cara al futuro, la familia de Sandra mantiene su intención de seguir luchando para que se esclarezcan los hechos y se implementen cambios en la normativa escolar que prevengan tragedias similares. La atención pública a estos casos continúa siendo un reflejo de la presión social sobre las instituciones para garantizar mayor protección a los menores.