Protestas en Andalucía exigen financiación plena para universidades públicas

Este miércoles, estudiantes y personal universitario de cinco campus públicos en Andalucía salieron a la calle para exigir el blindaje del 1% del PIB destinado a la financiación universitaria, como medida para garantizar la calidad educativa y frenar la mercantilización del sistema. La movilización, calificada como histórica por sus convocantes, refleja la resistencia ante un contexto en el que la Junta de Andalucía mantiene un modelo de financiación que prioriza recursos públicos para instituciones privadas y limita la inversión en la educación superior pública. La propuesta de distribución de fondos para 2026, aprobada con el respaldo mayoritario del Consejo Andaluz de Universidades, asigna 1.825,7 millones de euros, una cuantía que todavía no cubre las necesidades de las instituciones, según los críticos. La protesta responde también a una política que, en el contexto de la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA), impulsa la mercantilización y el trasvase de fondos a privados, generando un debate sobre la sostenibilidad y la equidad del sistema. La movilización evidencia una tensión política que involucra decisiones del gobierno autonómico, la gestión universitaria y las demandas sociales por una educación pública de calidad. De cara al futuro, la exigencia de un financiamiento íntegro y soberano se presenta como un punto clave en el debate sobre la universidad en Andalucía, en un escenario donde la inversión en educación superior sigue siendo un tema prioritario para el desarrollo social y económico de la región.