Regantes del Guadalquivir esperan dotación de 6.000 m³/ha para 2026 tras ocho años de restricciones

Los regantes de la Cuenca del Guadalquivir confían en que la próxima campaña de riego contará con una dotación de 6.000 metros cúbicos por hectárea, cifra que se equipara a los niveles de 2017 tras casi una década de restricciones hídrico-agrícolas. La Comisión de Desembalse que decidirá esta asignación se reunirá el viernes 10 de abril, en un momento en que los niveles de los embalses han alcanzado el 85,9%, con aproximadamente 6.900 hm³, frente al 59,56% de abril de 2025.

Este escenario favorable ha sido posible gracias a las intensas lluvias de los primeros meses del año, que han permitido una recuperación significativa en la capacidad hídrica de la cuenca, contrarrestando las restricciones severas que afectaron a los agricultores en años anteriores. Sin embargo, las lluvias recientes no han sido continuas, y algunas zonas ya requieren pequeños riegos, ante la ausencia de precipitaciones en las últimas semanas.

Desde la perspectiva política, la gestión del agua en la cuenca del Guadalquivir ha sido objeto de debate y tensión, especialmente en un contexto de cambio climático y presión por parte de diferentes sectores productivos. La Junta de Andalucía ha insistido en la necesidad de garantizar recursos suficientes para la agricultura, mientras que las Administraciones centrales han buscado equilibrar la protección ambiental con la disponibilidad hídrica.

En este marco, Feragua, la principal asociación de regantes, ha expresado confianza en que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir apruebe la dotación máxima para la campaña 2026, que podría superar los 1.200 hm³ de desembalse. La campaña, que se extenderá de mayo a septiembre, se presenta en un contexto de recuperación hídrica, tras años marcados por restricciones que llegaron a limitar la siembra y producción agrícola en la región.

El incremento en la dotación responde a una política de gestión que prioriza la recuperación de los recursos y la sostenibilidad del sector agrícola, que ha visto mermadas sus recursos durante casi una década. La decisión de la comisión de desembalse reflejará, en parte, un cambio en la tendencia, impulsado por las lluvias y los esfuerzos por un uso más eficiente del agua por parte de los agricultores.

Este momento se sitúa en un contexto más amplio de desafíos por la gestión del agua en Andalucía, donde las políticas públicas y las decisiones técnicas deben equilibrar la demanda agrícola con la protección de los ecosistemas y la lucha contra el cambio climático. La recuperación de los niveles de embalses ofrece una oportunidad para avanzar hacia una gestión más sostenible y adaptada a las nuevas condiciones hídricas.