En Sevilla, el 28 de noviembre, el debate en torno a la reciente sentencia de la Audiencia Provincial ha cobrado fuerza, especialmente tras las declaraciones del secretario general de UGT, Pepe Álvarez. En un inusual momento de críticas, Álvarez ha puesto en tela de juicio la temporalidad del fallo que condena a la antigua cúpula del sindicato en Andalucía por un fraude en subvenciones, sugiriendo que su aparición coincide de forma excesivamente sincronizada con la celebración del congreso nacional del sindicato.

Durante una entrevista en Canal Sur Radio, que fue recogida por Europa Press, el líder sindical se refirió a la condena impuesta al ex secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, quien ha sido sentenciado a tres años de prisión y a una multa de 50 millones de euros. Este fallo se debe a un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en unión a un delito de fraude de subvenciones. El tribunal ha determinado que más de 40,6 millones de euros, provenientes de ayudas de la Junta de Andalucía para cursos de formación, fueron utilizados de una manera indebida y deliberada para cubrir actividades del propio sindicato, desvirtuando así el objetivo social de dichas subvenciones. Además, el sindicato ha sido declarado responsable subsidiario, lo que implica que deberá indemnizar a la administración autonómica con la misma cantidad.

Álvarez manifestó su incredulidad y desconfianza respecto a la coincidencia de la sentencia con el momento crucial del congreso. “En realidad, todavía no he tenido la oportunidad de analizar si esto es un mero rumor de medios o si hay un texto oficial de la sentencia. Lo que sí puedo afirmar es que las casualidades no son algo en lo que crea demasiado. Después de 15 años de este litigio, que la sentencia aparezca justo ahora, cuando el sindicato está en una posición favorable durante su congreso, me parece más que sospechoso”, expresó el dirigente sindical.

A pesar de sus dudas sobre la situación, Álvarez subrayó que UGT mantiene un profundo respeto hacia la justicia, reafirmando la postura del sindicato de ser una entidad comprometida en la lucha contra la corrupción. “No hay duda de que hemos hecho nuestros deberes como nadie”, enfatizó Álvarez, recordando que cuando se desató la crisis, la dirección del sindicato actuó de manera contundente, removiendo a todos los implicados. “Analizaremos el contenido de la sentencia a fondo y decidiremos si es conveniente recurrir. Sin embargo, parece claro que, 15 años después, este veredicto no deja un buen sabor de boca”, añadió.

Interrogado acerca de si insinuaba que la coincidencia en la difusión de la sentencia pudo ser intencionada por parte de la Audiencia Provincial, Álvarez prefirió no lanzarse a conclusiones precipitadas. Se limitó a "relatar los hechos", haciendo énfasis en el extraño timing de la sentencia: “Justo en el momento en el que nos dirigimos a un congreso de gran importancia para el sindicato, en Barcelona, donde hemos tenido resultados tan positivos en los últimos años, nos llega esta sentencia de un proceso que ha llevado alrededor de 15 años”.