SEVILLA, 20 de noviembre. En un contexto político tenso, Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha expresado su contundente desaprobación hacia la propuesta gubernamental de implementar lo que él califica como "impuestos ideológicos". Durante una entrevista en Canal Sur Radio, Amor alertó sobre la "enorme inseguridad jurídica" que esta estrategia provoca, argumentando que carece de una hoja de ruta clara y se basa únicamente en ideología, soluciones momentáneas y decisiones caprichosas.

La controversia surge tras la reciente aprobación en la Comisión de Hacienda del Congreso del proyecto de ley que establece un nuevo impuesto mínimo global del 15% para las empresas multinacionales. Sin embargo, este enfoque ha dejado fuera la continuidad de los tributos destinados a la banca y a las energéticas. Esta votación se vio precedida por un extenso debate, que el PSOE tuvo que interrumpir hasta cuatro horas antes de la decisión final, lo que suscita aún más dudas sobre la estabilidad de estas medidas.

Amor subrayó que la situación genera preocupación no solo en los ciudadanos, sino también en el tejido empresarial. Destacó que, en España, 12 millones de personas actualmente disfrutan de un seguro privado, y aún persiste la incertidumbre sobre la posible aplicación del IVA el próximo año para estos servicios. Esta falta de claridad, enfatizó, también afecta a las empresas que, mediante convenios, ofrecen seguros a sus trabajadores. Además, mostró su inquietud acerca del futuro del impuesto a la banca, así como sobre la situación de las inversiones en Andalucía, particularmente en el sector del hidrógeno verde, que podrían quedar en el limbo debido a esta “inseguridad jurídica”.

El vicepresidente de CEOE también advirtió que la implementación de estos "impuestos ideológicos", destinados a gravar fiscalmente a entidades bancarias y energéticas, terminará impactando negativamente a los ciudadanos. Según sus afirmaciones, las pequeñas empresas y los autónomos serían los más perjudicados, ya que se estima que el crédito podría restringirse en hasta 50.000 millones, conforme a lo que han comunicado diversas patronales del sector financiero.

Finalmente, cuando se le cuestionó acerca de las posibilidades reales del gobierno para implementar su nuevo paquete fiscal, Amor lamentó el estado actual del Congreso, al afirmar que se ha convertido en un lugar donde las propuestas son tratadas como una "subasta", dejando en la incertidumbre el resultado final. Concluyó resaltando que en este país falta una hoja de ruta clara y que, en lugar de un enfoque bien fundamentado, predomina la ideología y el cortoplacismo, lo que pone en riesgo el futuro económico del país.