El consejero-portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha manifestado su firme postura este miércoles al declarar que si Pedro Sánchez no accede a convocar la conferencia de presidentes de forma voluntaria, será la máxima instancia judicial de España, el Tribunal Supremo, quien lo obligará a hacerlo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), anunció el pasado martes que Andalucía llevará adelante un recurso contra la inacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por incumplir su deber de convocar la Conferencia de Presidentes.

En medio de críticas hacia Pedro Sánchez, Fernández-Pacheco ha acusado al presidente de no estar dispuesto a dialogar ni llegar a acuerdos, sino a imponer su voluntad. Ante esta situación, han decidido recurrir a la vía judicial. El consejero-portavoz ha recordado que Juanma Moreno optó por presentar un recurso contencioso administrativo para exigir la convocatoria de la conferencia, la cual no se lleva a cabo desde marzo de 2022.

Se han hecho hasta cinco solicitudes formales por escrito para la convocatoria de la conferencia, abogando por abordar temas de relevancia como la crisis migratoria, el nuevo modelo de financiación y la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Según señala el Gobierno andaluz, han pasado más de ocho meses desde que se pidió la convocatoria y aún no ha tenido lugar.

El Gobierno andaluz remarcó que tras recibir respuesta de Pedro Sánchez en diciembre, comprometiéndose a convocar la conferencia, pasaron varios meses sin avances. Ante la falta de acción por parte del presidente del Gobierno, diversas comunidades autónomas, mayoritariamente con gobierno del Partido Popular, han decidido emprender acciones legales para garantizar la convocatoria de la Conferencia de Presidentes.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a los líderes regionales del partido, han insistido en la necesidad urgente de reunir la Conferencia de Presidentes, destacando que es una obligación legal de Pedro Sánchez. Temas como la actualización del sistema de financiación autonómica, el fortalecimiento del Estado de derecho y la seguridad jurídica han sido señalados como puntos cruciales a tratar en dicha conferencia.