SEVILLA, 31 de mayo. La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción ha recibido durante el pasado año 2024 un total de 972 denuncias relacionadas con presuntas violaciones de normas, de las cuales 428 fueron presentadas de manera anónima. En este contexto, la oficina ha iniciado 590 investigaciones, mientras avanza en la creación de un nuevo "código ético".

Este informe anual de 2024, que fue revisado por Europa Press, destaca que en su tercer año de operación, esta entidad, que se encuentra bajo la supervisión del Parlamento andaluz, ha logrado posicionarse como una fuente de referencia en la promoción de la integridad y en la prevención del fraude y la corrupción en Andalucía.

Desde la Oficina Antifraude se subrayan los "logros significativos" que reflejan el progreso alcanzado por esta institución, señalando que el año 2025 representa una oportunidad para aumentar su impacto en la lucha contra el fraude y la corrupción, conforme a su plan estratégico temporal.

El documento revela un "crecimiento notable" en el número de comunicaciones recibidas, alcanzando las 972 denuncias, aunque aclara que este aumento no necesariamente implica un alza proporcional en las irregularidades. Más bien, se interpreta como un fenómeno complejo donde la mayor exposición y reconocimiento público de la Oficina han generado un ambiente de confianza entre los ciudadanos, quienes ahora son más exigentes en cuanto a la integridad de las administraciones públicas.

La Oficina también señala que alrededor de un 50% de las denuncias no han procedido a investigación, sugiriendo que este crecimiento en las comunicaciones se considera en gran parte un indicativo positivo de la confianza por parte de la ciudadanía y los funcionarios en los mecanismos de supervisión externa, así como en su disposición para denunciar irregularidades.

Se destaca que no estamos ante un aumento real de la corrupción, sino una mayor determinación por parte de los ciudadanos para combatirla. En cuanto a los tipos de entidades denunciadas, la administración local, especialmente los ayuntamientos, es la que recibe más denuncias, con temas como la selección de personal, autorizaciones y contratación pública figurando entre las infracciones más denunciadas.

Por otro lado, se detalla que la Oficina Antifraude está trabajando en la creación de un código ético de buenas prácticas, conforme a lo estipulado en la Ley 2/2021, de 18 de junio, la cual se enfoca en combatir el fraude y la corrupción en Andalucía y en proteger a quienes denuncian estas prácticas.

Para la elaboración de este código, se ha puesto en marcha un proceso participativo con el objetivo de aprovechar la experiencia y el conocimiento de diversos sectores de la sociedad andaluza, asegurando que el resultado sea lo más destacado posible.

La Oficina ha indicado que ya dispone de un borrador único y distintivo de otros códigos existentes a nivel nacional y europeo, que busca asumir un papel práctico y efectivo en la lucha contra el fraude. En vez de un exhaustivo conjunto de normas, este código propone principios que deben ser aplicados por las distintas entidades públicas en sus programas contra el fraude, con el respaldo de la Oficina si lo requieren.

Los cuatro "principios fundamentales" del código son: el respeto por las leyes e instituciones actuando con integridad, transparencia y profesionalismo; evitar el uso personal de recursos públicos; mantener a los ciudadanos en el centro de las decisiones públicas, promoviendo la excelencia; y respetar la dignidad y la igualdad de todas las personas, luchando contra cualquier discriminación.

Cada uno de estos principios se acompaña de "recomendaciones específicas", que incluyen la obligación de publicar agendas institucionales y el compromiso con la evidencia científica en la toma de decisiones. El documento también aclara que la ética en la conducta trasciende el mero cumplimiento de la ley, abordando casos donde comportamientos que no son necesariamente ilegales pueden afectar la integridad del servicio público.

El objetivo central es elevar los estándares éticos del sector público andaluz para servir al interés colectivo y fomentar una sociedad más íntegra.

Además, la Oficina Antifraude lanza el proyecto de 'Organizaciones por la Integridad Pública' (OIP), una iniciativa orientada a promover un cambio cultural en la comprensión de la integridad pública a través de un sistema preventivo.

El propósito fundamental de esta iniciativa es que cada entidad desenlace un plan de integridad mediante un análisis de riesgos y establezca medidas preventivas y correctivas que faciliten un cambio cultural y estructural efectivo dentro de las organizaciones.

Este proyecto comprende cuatro "fases clave" para la certificación de integridad, comenzando con una "autoevaluación" a través de un cuestionario inicial que analiza las características organizativas, estructurales y personales de cada entidad.

Las fases siguientes incluyen la creación de un mapa de riesgos que identifique vulnerabilidades, la implementación de medidas de control, y una evaluación por parte de la OAAF para otorgar la acreditación como entidad OIP.

La memoria también indica que la metodología de OIP está intrínsecamente relacionada con el código ético de la Oficina Antifraude. La participación en esta iniciativa está "abierta a toda clase de entidades del sector público', y el compromiso con la integridad pública es un requisito crucial para poder participar, siendo la certificación un reconocimiento público de este compromiso.

Además, se menciona que aunque existe una obligación legal de diseñar un plan antifraude para las entidades que gestionan fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el Plan de Integridad de OIP se extiende más allá, abarcando áreas y aspectos esenciales para fomentar la integridad y el buen gobierno en el sector público, buscando así mejorar la legitimidad y contrarrestar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas.

Al momento de redactar la memoria de 2024, ya se habían incorporado al OIP diversas entidades como la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, el Ayuntamiento de Las Gabias, la Diputación de Cádiz, y la Universidad Pablo de Olavide, entre otras instituciones de la Junta de Andalucía.