Andalucía demanda decretos específicos para entregas a cuenta y pensiones: "El Gobierno abandona a los ciudadanos".

El día 24 de enero, en Málaga, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de Andalucía y portavoz del Gobierno regional, Carolina España, ha hecho un llamado urgente al Gobierno de España para que elabore dos decretos ley separados. Estos decretos deben abordar de manera independiente las entregas a cuenta que se destinan a las comunidades autónomas y el aumento de las pensiones. Esta petición surge después de que el denominado decreto ‘ómnibus’ no lograra avanzar en el Congreso de los Diputados.
Durante su intervención ante los medios, España destacó que los ciudadanos están padeciendo de manera directa las consecuencias del "desgobierno" del presidente Pedro Sánchez. En sus palabras, enfatizó que su permanencia en el Palacio de la Moncloa ya no es tolerable y que debe dejar el cargo de inmediato.
La consejera también subrayó que, desde este momento, el Gobierno central ha dejado “tirados” a aquellos ciudadanos que ya no se benefician del descuento en Renfe, que formaba parte del mencionado decreto ‘ómnibus’. Este hecho, según Carolina España, es solo un ejemplo más del desinterés del Ejecutivo por las necesidades de los españoles.
En relación con la situación del transporte público, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha informado que la Junta de Andalucía continuará con su esfuerzo para sostener la bonificación del 20 por ciento en el transporte urbano e interurbano. De esta forma, se busca mitigar el impacto que la falta de coordinación con el Gobierno central está teniendo en los ciudadanos andaluces.
Respecto a las entregas a cuenta, Carolina España enfatizó que este financiamiento corresponde a cada comunidad autónoma por los impuestos que se recaudan en su territorio. Añadió que "nadie nos regala nada", subrayando que estos fondos pertenecen a las comunidades por ley y no como una decisión discrecional del Gobierno.
La portavoz andaluza destacó que la actualización de las pensiones tampoco es una opción política, sino que está respaldada por la ley. Aclaró que "a los pensionistas les corresponde la actualización de sus pensiones", al tiempo que reafirmó que corresponde a las comunidades autónomas recibir las entregas a cuenta y su respectiva actualización.
España criticó la estrategia del Gobierno al agrupar múltiples medidas en un solo decreto, afirmando que esto está provocando retrasos en las transferencias a comunidades autónomas y en la actualización de pensiones. Específicamente se refirió al decreto ‘ómnibus’ como una trampa política que perjudica a los que realmente necesitan el apoyo estatal.
Según su análisis, el actual Ejecutivo nacional se encuentra "absolutamente arrodillado" ante el líder de Junts, Carles Puigdemont, lo que ha llevado a una situación en la que "no tiene reparos en perjudicar a pensionistas, ciudadanos que dependen de bonificaciones al transporte y a las comunidades autónomas".
Sobre la falta de entregas a cuenta, España expuso que resulta inquietante que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aparentemente prefiere que los fondos permanezcan bajo control de Pedro Sánchez en lugar de ser distribuidos a las comunidades autónomas donde son realmente necesarios.
Finalmente, España reiteró el compromiso de la Junta de Andalucía de apoyar la actualización de las pensiones y de ofrecer ayudas para afrontar las consecuencias de las lluvias torrenciales. Sin embargo, también dejó en claro que no tolerarán que el Gobierno nacional utilice estos asuntos importantes para "burlarse de los españoles", incorporándolos en un decreto ‘ómnibus’ que incluye dispuestas perjudiciales, como el aumento del IVA a los alimentos y un impuesto a las energéticas que, según advirtió, podría amenazar miles de puestos de trabajo en Andalucía y comprometer una inversión significativa en hidrógeno verde. También mencionó la preocupante cesión de un palacete por 15 millones de euros al Partido Nacionalista Vasco como un claro ejemplo de prioridades equivocadas del Gobierno central.
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