SEVILLA, 27 de agosto.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Andalucía, Loles López, representante del PP-A, ha hecho un anuncio clave este miércoles: la Junta de Andalucía está considerando la posibilidad de impugnar legalmente el nuevo Real Decreto-ley que, aprobado por el Consejo de Ministros, altera la manera en que se distribuyen los menores migrantes provenientes de Canarias, Ceuta y Melilla entre las comunidades autónomas. López ha señalado la actual saturación del Sistema de Protección de Menores de Andalucía, lo que complica aún más esta situación.

En un comunicado, López ha criticado enérgicamente al Gobierno de Pedro Sánchez por su enfoque autoritario en la aprobación de este decreto. Según sus palabras, el decreto se impone sin el debido diálogo y carece de la transparencia necesaria, una práctica que se ha vuelto habitual en la gestión del Ejecutivo central.

La consejera destacó que, al designar a Andalucía como la comunidad con mayor capacidad de acogida, el Gobierno está poniendo por delante sus propios intereses políticos, descuidando gravemente la atención y el bienestar de los menores. "De nuevo se evidencia que la gestión de Sánchez prioriza su posición en el poder, utilizando a los menores como simples cifras", expuso López con contundencia.

López subrayó que aunque Andalucía ha mostrado su solidaridad tradicional en esta materia, la prioridad debe ser la protección adecuada de los niños. En este sentido, advirtió que el sistema andaluz ya ha llegado a su límite, mientras continúa la llegada de más menores migrantes no acompañados que requieren asistencia.

La consejera también ejemplificó la "solidaridad indiscutible" de Andalucía citando a los 634 menores migrantes a los que el Gobierno español ha aplicado un tratamiento inadecuado, clasificándolos erróneamente como mayores de edad, y que actualmente están bajo el cuidado del Gobierno andaluz, lo que exige una atención exhaustiva.

López hizo hincapié en que el modelo de distribución forzado por el Gobierno central podría llevar al colapso del ya frágil sistema andaluz, poniendo en riesgo tanto a los menores que ya se encuentran en él como a aquellos que se pretende trasladar desde otras regiones.

La consejera defendió que la protección del interés superior de los menores es la prioridad innegociable para Andalucía. Además, instó al Gobierno a reconocer la posición de Andalucía como "Frontera Sur", un reclamo que, a su juicio, ha sido ignorado repetidamente por el Gobierno, a pesar de la proximidad geográfica al continente africano, mientras que otras comunidades, como el País Vasco, están obteniendo este reconocimiento.

Para finalizar, Loles López expresó su preocupación por la "hipocresía" del Ejecutivo de Sánchez al evadir sus responsabilidades con más de 1.000 menores migrantes solicitantes de protección internacional. Este grupo, que debería estar bajo el cuidado del Gobierno central, está siendo dejado de lado bajo el pretexto de la falta de recursos. En su opinión, esta imposición de responsabilidades a las comunidades autónomas, sin planificación ni diálogo, pone en cuestión la auténtica intención del Gobierno, que parece estar más preocupado por su imagen que por el bienestar de los más vulnerables.