Este viernes, en la ciudad de Baeza, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, tomó una postura firme al defender la decisión de la Junta de Andalucía de impugnar en los tribunales la creación de un registro único de pisos turísticos promovido por el Gobierno central. Bernal argumentó que esta medida representa "una intrusión en las competencias de la comunidad autónoma" y destacó la falta de diálogo por parte del Ejecutivo central.

En sus declaraciones a la prensa, Bernal expresó que Andalucía se encuentra “completamente alineada” con la normativa europea sobre alquileres de corta duración, que fue aprobada en abril de 2024 y que tiene como objetivo “incrementar la transparencia y el intercambio de información en el sector”. No obstante, el consejero criticó la decisión del Gobierno de establecer un registro estatal sin la consulta previa a las comunidades autónomas, las cuales poseen la competencia exclusiva en materia de turismo.

Bernal hizo hincapié en que deberían haber sido escuchados, no solo por una cuestión de lógica, sino también porque el reglamento europeo lo contempla: "No se deben crear registros duplicados cuando ya existen a nivel regional; no es necesario". Según Bernal, el Gobierno español ha ignorado estas pautas, aunque la Junta ha seguido todos los procedimientos legales antes de acudir a los tribunales.

Además, el consejero mencionó un dictamen "crítico" del Consejo de Estado que pone en tela de juicio la legalidad del Real Decreto estatal. También recordó que la Comisión Europea ha iniciado un expediente contra España debido a la regulación de este registro, señalando preocupaciones sobre "la posible duplicidad y el exceso de burocracia" que podría generar.

Bernal aclaró que la Junta no está en contra de regular el sector ni de combatir la oferta ilegal, pero sí rechaza la instauración de un sistema que, según afirma, añade costos y trámites innecesarios para los afectados, además de no respetar la división de competencias. "Estamos firmemente en desacuerdo con esta medida adoptada por el Gobierno de España, que presenta no solo inconvenientes legales, sino que también cuenta con un grave defecto de inmunidad", afirmó.

La controversia emerge tras las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien criticó a algunas comunidades autónomas por “obstaculizar” la implementación del registro estatal y argumentó que la ciudadanía demanda "soluciones para asegurar el acceso a la vivienda y prevenir la especulación", no discusiones sobre competencias territoriales.

Desde la Junta, se reitera la intención de establecer un registro que sea "racional y apropiado", evitando la duplicación de cargas y respetando la autonomía de las comunidades para regular el turismo en sus áreas, en concordancia con lo que estipula la normativa europea.