Andalucía reprocha al Gobierno el uso político del diálogo social, advirtiendo que disfraza la imposición de consenso.
SEVILLA, 11 de noviembre. La situación del diálogo social en España ha generado un acalorado debate, y la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha alzado la voz este lunes en contra de lo que considera una manipulación política por parte del Gobierno de la Nación. Según Blanco, el actual enfoque del diálogo social con empresarios y sindicatos no se basa en la búsqueda de objetivos comunes, sino que se presenta como un consenso que en realidad es una imposición.
Durante una entrevista en Canal Sur Radio, cuya declaración fue recogida por Europa Press, la consejera defendió la salud del diálogo social en Andalucía, argumentando que el Gobierno de Juanma Moreno ha mostrado un 'gran respeto por la negociación colectiva' desde que asumió la presidencia de la Junta. Para Blanco, este entorno favorable permite un intercambio constructivo entre las partes involucradas.
Al ser cuestionada sobre si la polarización política actual en el país complica la negociación con sindicatos y empresarios en Andalucía, Blanco respondió que, aunque existen divergencias, los actores implicados son 'buenos contendientes'. Reconoció que no todo lo que propone el Gobierno es aceptado sin discusión, pero enfatizó que a pesar de las diferencias, hay un objetivo común: 'mejorar Andalucía y la situación de los trabajadores y las empresas'.
Sin embargo, Blanco también expresó su preocupación por la situación a nivel nacional, donde ha observado que el diálogo social se ha vuelto un instrumento de uso político. Destacó que en este contexto, las negociaciones no se realizan sobre bases de consenso, sino que responden a una agenda impuesta. Como ejemplo de esta situación, citó la actual discusión sobre la reducción de la jornada laboral, donde, según ella, el Gobierno ya establece su dirección desde el inicio de las negociaciones.
Blanco subrayó que el verdadero sentido de la negociación debería ser encontrar un punto intermedio entre las diferentes posiciones en vez de partir de una postura inamovible. Argumentó que establecer condiciones previas a las negociaciones, como la exigencia de que cualquier acuerdo se refleje en el Boletín Oficial del Estado (BOE), dificulta el uso efectivo del diálogo social y limita las alternativas posibles.
Finalmente, Blanco hizo un llamado de atención sobre el papel que juegan los agentes sociales a nivel nacional, advirtiendo que podría estar perdiendo legitimidad. A su juicio, la dinámica actual sugiere que la política está prevaleciendo sobre los intereses sociales, lo que podría tener repercusiones negativas en las negociaciones y, en última instancia, en la calidad de vida de los ciudadanos andaluces y españoles en general.
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