SEVILLA, 7 de julio.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de Andalucía, Carolina España, ha expresado este lunes su firme opinión sobre el controvertido sistema de financiación de Cataluña, calificado como el cupo catalán, al considerarlo "inconstitucional". En sus declaraciones, destacó la importancia de la igualdad entre todos los ciudadanos españoles y subrayó que no se deben permitir medidas que vayan en contra de este principio fundamental.

En un mensaje enviado a los medios, España manifestó que el hecho de que Cataluña gestione el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) representa un avance hacia un esquema de financiación exclusivo y beneficioso para la comunidad catalana. Criticó la decisión de ceder el 100% de la recaudación de este impuesto, diciendo que prioriza intereses particulares en lugar del funcionamiento eficiente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

La consejera sugirió que tales movimientos, que buscan una gestión compartida de la Agencia Tributaria entre el Estado y la Comunidad Autónoma, se asemejan a un proceso de desmantelamiento del modelo autonómico español que se está llevando a cabo de manera sigilosa.

En su análisis, hizo referencia al inicio de una legislatura construida sobre acuerdos entre figuras polémicas como Carles Puigdemont, quien se encuentra prófugo de la justicia, y Santos Cerdán, imputado por corrupción y encarcelado. Criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su disposición a continuar con este tipo de negociaciones problemáticas.

La consejera también mostró su descontento con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien acusó de complicidad. Según ella, Sánchez ha prometido beneficios excesivos a los separatistas, mientras que las demás comunidades autónomas continúan aguardando un sistema de financiación justo y equitativo.

España reveló que Andalucía está quedándose atrás, dejando de recibir anualmente más de 1.500 millones de euros en comparación con las ayudas promedio que reciben otras comunidades. Aclaró que solo cuatro comunidades están recibiendo menos que la media, y claramente, Cataluña no se encuentra entre ellas.

La consejera no solo criticó la recaudación del IRPF en Cataluña, sino que también cuestionó la gestión económica de los gobiernos catalanes. Afirmó que han demostrado ineficiencia en la administración de los recursos, reflejada en una elevada deuda que tampoco se resolverá con las promesas de condonación del gobierno de Sánchez. Considera que al presidente no le importa ni Cataluña ni España, sino solo obtener el apoyo electoral necesario.

España describió al Gobierno de España como "débil" y "vulnerable", advirtiendo que esto implica la posibilidad de poner en manos de administradores poco capaces, miles de millones de euros que son de todos los españoles. Así, concluyó que "España ha dejado de funcionar" en muchos aspectos.

La consejera afirmó que el deber del gobierno es liderar de manera efectiva, y no simplemente sobrevivir a los desafíos. Instó a Sánchez a centrar su atención en cuestiones críticas como la financiación autonómica, insistiendo en que no puede seguir postergando estas responsabilidades.

Finalmente, España instó a Sánchez a reconocer su incapacidad para gobernar, aludiendo a su dificultad para presentar unos Presupuestos Generales del Estado, y sugirió que, si no puede cumplir con sus funciones, debería convocar elecciones para permitir que un nuevo gobierno aborde las necesidades del país.