ALMERÍA, 20 de noviembre. La situación política en Almería ha dado un giro inesperado tras la llegada del presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, a la Ciudad de la Justicia. Junto a él, otros cuatro individuos han sido detenidos en el marco de la segunda fase del denominado caso 'Mascarillas', que investiga la presunta recepción de comisiones irregulares a raíz de contratos administrativos que involucran a dicha institución.

Después de pasar dos noches en las instalaciones de la Guardia Civil, los detenidos fueron trasladados este miércoles por la mañana al Juzgado de Instrucción número 1 de Almería para comparecer ante el juez. La Unidad Central Operativa (UCO) había tomado declaraciones de los arrestados anteriormente, y ahora se enfrentan a la justicia.

Entre los detenidos se encuentra además Fernando Giménez, vicepresidente segundo de la Diputación, así como Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines por el Partido Popular. Ambos personajes ya estaban bajo investigación desde la primera fase de este caso, que comenzó en abril de 2021 y que ahora se amplía con nuevas implicaciones.

El quinto detenido es un funcionario del Área de Fomento de la Diputación, quien trabajó junto al exvicepresidente tercero, Óscar Liria. Este último figura en el centro de la pesquisa y ha sido objeto de un nuevo examen por las autoridades en esta fase ampliada de la investigación.

En total, el número de investigados ha aumentado a cinco, y no se descartan nuevas imputaciones en el futuro. La UCO ha señalado a varios familiares de García, así como a un empresario de la localidad de Fines, quienes serán llamados a prestar declaración en fechas próximas.

Algunos abogados de los detenidos ya han llegado a la sede judicial, entre ellos el letrado de la acusación popular que representa al PSOE, Javier Salvador. Este abogado se mostró cauto ante los medios, indicando que se avecina un día extenso en el que se determinarán los aspectos clave de las imputaciones y las acciones que tomará la fiscalía.

La UCO ha estado activa los últimos días, llevando a cabo una serie de registros en diversas sedes de la Diputación, concentrándose en las oficinas de Presidencia y en el Área de Fomento. También se registraron domicilios particulares y empresas vinculadas, además del Ayuntamiento de Fines, donde se confiscaron documentos relevantes para la investigación.

El hilo conductor de esta trama parece centrarse en un contrato superior a dos millones de euros destinado a la compra de material sanitario durante los primeros días de la pandemia de covid-19. Se alega que de este acuerdo se habrían desviado 'mordidas', lo que encendió las alarmas y llevó a una indagación más exhaustiva que ha revelado una red de empresas. Hasta el momento, 14 personas y siete empresas están implicadas en la causa principal.

Las evidencias acumuladas sugieren que los detenidos podrían haber contribuido o facilitado la concesión fraudulenta de contratos públicos a favor de ciertas empresas a cambio de comisiones, de las cuales podrían haber sido beneficiarios.