CÁDIZ, 5 de marzo.

En un desarrollo significativo en el ámbito judicial andaluz, la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha convocado a declarar a dos interventores y a dos jefes de Servicio de la Junta de Andalucía como testigos, en el contexto de un presunto caso de malversación vinculado a contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Este procedimiento se originó tras la denuncia presentada por Podemos Andalucía, que señala la existencia de prácticas de concesión de contratos "a dedo".

De acuerdo con la orden emitida por la juez, los interventores deberán comparecer el 2 de abril, mientras que las jefas de Servicio lo harán el 3 de abril en el juzgado gaditano, donde serán interrogadas sobre las irregularidades denunciadas.

Es relevante recordar que el pasado 17 de febrero, Raquel Martínez, coordinadora general de Podemos Andalucía, comunicó que se habían iniciado diligencias en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz por un presunto delito de malversación relacionado con la concesión de contratos. Esta situación se origina de una denuncia que Podemos presentó en octubre en los juzgados de Sevilla.

La acusación de Podemos incluye graves denuncias de malversación y prevaricación administrativa, sustentadas en datos de la "Intervención de la Junta de Andalucía" que alertaron sobre el fraccionamiento irregular de numerosos contratos menores adjudicados por el SAS entre enero y diciembre de 2021 en diversas provincias andaluzas.

La denuncia señala que estos contratos, fraccionados deliberadamente, permitieron eludir la normativa que exige publicidad y libre concurrencia, lo que facilitó negociaciones a medida y compromete la integridad del proceso de contratación pública en la región.

A más de un mes de recibir la denuncia, el Juzgado de Instrucción número 3 acordó abrir diligencias preliminares en virtud de la legislación vigente, dado que se hace referencia a la posible existencia de un delito de malversación que podría ser objeto de un procedimiento abreviado.

En su resolución, la jueza también solicitó un informe a la Intervención de la Junta de Andalucía para evaluar las irregularidades denunciadas y para identificar al funcionario responsable, además de ordenar que se remita el caso al Fiscal de delitos económicos para que se tomen las medidas necesarias.

Por su parte, Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, ha anunciado que la Junta solicitará su participación en los procedimientos judiciales abiertos tras las denuncias de Podemos. Además, han enviado al Juzgado un informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública que respalda las actuaciones del SAS y ha acusado a Podemos de instrumentalizar la sanidad pública andaluza con fines políticos.