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Martes, 20 de octubre de 2026 Edición Andalucía · Red Crónica
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Detenidos por adulterar carne con agua oxigenada industrial en Málaga

Investigados en Málaga por adulterar carne con agua oxigenada industrial, revelando deficiencias en control sanitario y riesgos para la salud pública.

Redacción · Crónica Andalucía 2 min de lectura

La Guardia Civil y la Junta de Andalucía investigan a dos personas en Benaoján, Málaga, por adulterar más de 30 toneladas de carne usando peróxido de hidrógeno industrial. La operación, denominada 'Redox', reveló una red clandestina que manipulaba productos cárnicos sin las debidas licencias.

La investigación se inició en diciembre de 2025 tras una inspección en una nave sin permisos, junto a otra autorizada. Se descubrió que las instalaciones se usaban para desviar y enmascarar carne adulterada, poniendo en riesgo la salud pública. Los análisis demostraron que se sumergían huesos y espinazos en soluciones peligrosas, prohibidas en la industria alimentaria.

El uso de agua oxigenada industrial en la carne puede causar daños severos en el tracto digestivo, debido a su alta porosidad en los huesos. La pérdida de la cadena de frío también generó contaminación microbiológica en los productos. La cantidad de agua oxigenada adquirida por los responsables superó los 45.000 kilos en menos de un año.

Las autoridades sanitarias decretaron el cierre inmediato de las instalaciones y la destrucción de la carne contaminada. La propietaria y un encargado están bajo investigación por delitos contra la salud pública y falsedad documental. El caso está en manos del Tribunal de Ronda, en Málaga.

Este episodio evidencia las deficiencias en el control sanitario y la existencia de mercados ilícitos que operan en la sombra. La situación genera preocupación en el sector por la posible extensión de prácticas similares y la necesidad de reforzar la regulación y vigilancia.

El caso en Málaga refleja una problemática más amplia en el contexto político, donde la falta de recursos y la insuficiente fiscalización permiten que prácticas peligrosas se mantengan. La respuesta institucional será clave para evitar que incidentes similares se repitan en el futuro y fortalecer la confianza en los controles sanitarios y alimentarios.

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