Málaga devolverá 1,38 millones en sanciones por la ZBE tras sentencia judicial
Málaga devolverá 1,38 millones en sanciones por la ZBE tras una sentencia que anula parcialmente la ordenanza, en un contexto de tensiones políticas y legales.
El Ayuntamiento de Málaga iniciará la devolución de aproximadamente 1,38 millones de euros a unos 13.600 conductores sancionados por incumplir la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La medida, prevista para comenzar en breve, responde a una sentencia judicial que anula parcialmente la ordenanza de movilidad que regulaba dichas sanciones. La decisión afecta a expedientes ya cobrados y en trámite, suspendiendo cautelarmente las actuaciones en curso.
El contexto político en Málaga ha estado marcado por tensiones respecto a la gestión de la ZBE, una iniciativa impulsada por el equipo de gobierno para reducir la contaminación y promover una movilidad más sostenible. La sentencia, que aún no es firme, ha evidenciado ciertos aspectos de la ordenanza que generaron disparidad entre residentes y no residentes, y que el juzgado ha considerado vulneraban principios de igualdad y legalidad.
La resolución judicial obliga al Ayuntamiento a rectificar su postura y a devolver las sanciones cobradas, sin que ello implique un cambio en la política de movilidad. La administración local ha aclarado que acatará la decisión y que las devoluciones se realizarán de manera automática, previa aportación de datos bancarios por parte de los afectados. La sentencia, no obstante, aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, lo que mantiene la incertidumbre sobre su efecto definitivo.
Este fallo judicial forma parte de un contexto político marcado por debates en el Parlamento local y en los partidos de oposición, en particular Vox, que ha cuestionado la legalidad de la ordenanza. Aunque el Ayuntamiento no prevé recurrir la sentencia, la situación evidencia las tensiones entre la administración y ciertos grupos políticos, que han criticado la normativa por su impacto social y su coherencia jurídica.
De cara al futuro, la gestión de la ZBE en Málaga continuará ajustándose a los pronunciamientos judiciales y políticos. El equipo de gobierno ha indicado que continuará promoviendo medidas para mejorar la calidad del aire, pero con un marco legal que garantice la igualdad y la seguridad jurídica. La sentencia refuerza la necesidad de revisar y perfeccionar las normativas urbanas en un contexto de creciente atención a la sostenibilidad y la justicia social.
En el escenario más amplio, este caso refleja la complejidad de implementar políticas ambientales en entornos urbanos, donde los intereses económicos, sociales y políticos deben armonizarse. La resolución judicial podría marcar precedentes en la regulación de las ZBE en otras ciudades andaluzas, enfatizando la importancia de un marco legal sólido y consensuado que permita avanzar en la lucha contra la contaminación sin vulnerar derechos fundamentales.