La Justicia anula la ZBE en Málaga y detiene las multas en medio de incertidumbre legal

El Ayuntamiento de Málaga dejará de sancionar por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) desde este miércoles, tras una sentencia judicial que anula la ordenanza que regulaba las multas. La decisión afecta a 46.000 sanciones impuestas en los últimos meses, en un contexto de controversia jurídica y política.

La normativa, aprobada por el Ayuntamiento, fue cuestionada por su configuración y la falta de un marco legal claro, en medio de una legislación nacional que otorga a los municipios de más de 50.000 habitantes la obligación de establecer ZBE. Sin embargo, las dudas sobre su legalidad y la falta de un plan integral de transporte y aparcamiento disuasorio generaron enfrentamientos políticos y judiciales.

El fallo judicial, derivado de un recurso presentado por Vox Málaga, ha puesto en evidencia las dificultades de los ayuntamientos para implementar medidas de movilidad sostenible sin una normativa clara. La sentencia considera que la ordenanza discriminaba a vehículos de fuera y que no garantizaba seguridad jurídica, obligando al Consistorio a suspender las multas y a revisar la regulación.

Desde el equipo de gobierno local, la concejala de Movilidad ha señalado la intención de modificar la normativa para ajustarse a la sentencia y a la legislación vigente, solicitando al Gobierno central criterios claros y uniformes. La falta de coordinación entre administraciones y la inseguridad jurídica, en su opinión, han sido obstáculos para una política de movilidad efectiva y legal.

Por su parte, Vox Málaga ha destacado la obligación de cumplir con las resoluciones judiciales y ha reclamado una regulación que garantice seguridad jurídica a los ciudadanos. La oposición ha criticado que las sanciones se hayan impuesto sin un plan de movilidad alternativo y sin suficientes infraestructuras de apoyo, lo que ha generado malestar social y reclamaciones por parte de afectados.

En un escenario de incertidumbre, el Ayuntamiento ha anunciado que continuará trabajando en la revisión de la normativa, en coordinación con otros municipios y en consulta con expertos jurídicos, para presentar un nuevo marco legal que permita la aplicación de medidas de movilidad con seguridad y eficacia. La evolución de esta situación marcará la política de movilidad de Málaga en los próximos meses.