El Gobierno andaluz reconoce finalmente que los terrenos de El Algarrobico son protegidos desde 1994, después de 39 años negándolo. Este reconocimiento ha sido saludado por Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar, quienes han mostrado su conformidad con el escrito remitido por la Junta de Andalucía al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Estos colectivos solicitan que el ayuntamiento de Carboneras refleje esta protección en todos sus documentos y decisiones relacionados con el hotel de Azata, que se encuentra en ese paraje.

Los ecologistas también piden la nulidad del acuerdo de pleno municipal que modificó el planeamiento urbanístico en abril, calificando el Algarrobico como suelo protegido. Esta modificación se llevó a cabo para cumplir con una sentencia que ordenaba proteger el área desde 2018 y que conllevaba una multa para el entonces alcalde, José Luis Amérigo del PSOE.

En respuesta a una providencia del TSJA, los ecologistas remarcan que es la primera vez que la Junta andaluza reconoce que los suelos de El Algarrobico son no urbanizables desde 1994. Hasta ahora, el Ayuntamiento de Carboneras había negado esta protección en todos los procedimientos judiciales relacionados con el hotel. Los colectivos ecologistas apoyan esta nueva postura y comparten la disconformidad del Gobierno andaluz con la afirmación del ayuntamiento de que modificó el planeamiento por causas sobrevenidas, cuando en realidad fue por mandato judicial.

Según los ecologistas, el ayuntamiento utiliza esta argucia para afirmar que se concedió la licencia de obra legalmente en 2003 de acuerdo al planeamiento vigente en ese momento. Sin embargo, el Gobierno andaluz ha reconocido que los terrenos son protegidos desde 1994, a pesar de que el ayuntamiento había negado esta protección durante 39 años.

La Junta ha presentado un incidente de ejecución al TSJA, argumentando que el ayuntamiento no ha cumplido de manera adecuada las sentencias relacionadas con El Algarrobico. La Junta sostiene que el acuerdo municipal no cumple fielmente la resolución judicial firme, ya que omiten otros pronunciamientos judiciales que también tienen efecto de cosa juzgada. Además, el Gobierno andaluz advirtió al ayuntamiento en enero de 2023 de que debía reflejar la clasificación de los terrenos en su contenido documental y hacer un mero traslado de lo acordado por el tribunal al planeamiento general vigente.

Los ecologistas han denunciado al TSJA que el acuerdo de pleno municipal es nulo de pleno derecho debido a un defecto en su tramitación y solicitan que se impongan multas coercitivas al exalcalde José Luis Amérigo del PSOE. La sesión plenaria fue objeto de críticas y reproches por parte de la oposición, que se abstuvo debido al trámite seguido por el equipo de gobierno. Consideraron que se saltaron todos los pasos previos y que hubo prisa debido a las amenazas de multas al alcalde. La oposición también cuestionó el procedimiento que llevó a un cambio de 180 grados en un mes y se negó a ser cómplice de un circo y un galimatías jurídico.

El Tribunal Supremo concluyó en enero que, debido a la complejidad del caso, no se puede ordenar la demolición del hotel por vía judicial, ya que la licencia concedida en 2003 sigue siendo legal. A raíz de esta sentencia, el TSJA ha dado plazo al Ayuntamiento de Carboneras para ejecutar la sentencia firme y revisar de oficio la licencia municipal.