El Gobierno apuesta por un comprador español para Deoleo en proceso de venta

El Gobierno español ha manifestado su preferencia por que la adquisición de Deoleo, fabricante de marcas emblemáticas como Carbonell y Hojiblanca, sea realizada por una empresa española. La operación, que se encuentra en fase avanzada, involucra fondos de inversión internacionales y competidores como Coricelli, Dcoop y Acesur. La venta, prevista para cierre en septiembre, implica el control de una de las principales empresas del sector oleícola en España, que lidera el mercado mundial en producción de aceite de oliva.

El proceso de venta ha acelerado en las últimas semanas, con fondos como CVC y Alchemy considerando distintas alternativas, incluida la posible venta total o parcial de sus participaciones. La oferta de Coricelli, una firma italiana, ha superado en cifras a las propuestas españolas, elevando su oferta a 500 millones de euros y reclamando exclusividad en la negociación. La participación de esta firma se estructura a través de Farmers Elite Global, con sede en Sevilla desde 2015, que también es propietaria de varias firmas en España, incluyendo Aceites Abasa.

Desde el ámbito político y sindical, se ha expresado preocupación por la pérdida de control nacional en un sector estratégico. CCOO ha insistido en la necesidad de proteger el empleo y el arraigo industrial, solicitando que las autoridades actúen bajo la normativa de inversiones extranjeras para evitar que fondos especulativos puedan influir en la estabilidad del sector oleícola español. La regulación en este ámbito se ha activado previamente en otros casos de interés nacional, como en la protección de empresas como Talgo.

Las implicaciones de una venta a fondos o empresas extranjeras van más allá de la simple transacción comercial. La percepción de pérdida de liderazgo en un sector clave para la economía andaluza y española puede afectar la reputación del producto y la estabilidad laboral en comunidades productoras. La estrategia del Gobierno busca equilibrar la inversión con la protección del patrimonio industrial y social del país.

De cara al futuro, la expectativa es que la operación se cierre en los próximos meses, con una posible influencia en la estructura del sector oleícola. La decisión final podría marcar un precedente en la regulación de inversiones en sectores estratégicos en España, reforzando la necesidad de un marco legal que garantice el control y la protección del interés nacional frente a movimientos de capitales extranjeros.