ALMERÍA, 11 de marzo. En un desarrollo oficialmente anunciado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, ha puesto en marcha el proceso de expropiación de la mitad de los terrenos donde se encuentra emplazado el polémico hotel de El Algarrobico, en la localidad de Carboneras, Almería. Esta medida afecta tanto a parte de la edificación promovida por Azata del Sol como a los terrenos invadidos que pertenecen al dominio público marítimo-terrestre.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y divulgada por Europa Press, el Gobierno ha estimado que 16.432 metros cuadrados están bajo la servidumbre de protección del litoral, lo que representa poco más de la mitad de los 32.654 metros cuadrados de la propiedad que, de acuerdo con los registros catastrales, pertenece a Azata del Sol.

El documento oficial subraya el respaldo obtenido de la Abogacía del Estado, que ha emitido pronunciamientos positivos el 18 de octubre de 2024 y el 10 de febrero de 2025, permitiendo la reactivación de un procedimiento expropiatorio que había sido cesado en junio de 2009. Las recientes decisiones judiciales que afectan a este caso han reavivado esta posibilidad.

El Gobierno ha declarado que la decisión de expropiar tanto los terrenos como el propio hotel es la mejor opción para recuperar este entorno natural, teniendo en cuenta la declaración de utilidad pública aprobada en un consejo de ministros. Esto incluye los terrenos que invaden la zona de servidumbre, es decir, la franja de 100 metros de ancho en la costa.

La Ley de Costas establece que el Estado es el propietario del dominio público marítimo-terrestre y le otorga el derecho de expropiar aquellos terrenos que estén invadiendo el hotel, conforme al deslinde definitivo que se realizó en 2005.

A pesar de que un proceso de expropiación había comenzado en 2007 y fue detenido dos años más tarde, el Gobierno sostiene que las resoluciones judiciales posteriores han validado nuevamente esta vía para eliminar la construcción del hotel.

Un aspecto citado por las autoridades es el fallo del Tribunal Supremo de 2012 que ratificó el deslinde de los terrenos del dominio público marítimo-terrestre donde se localizan tanto el hotel de 411 habitaciones como las fincas colindantes, estableciendo claramente la servidumbre de protección de 100 metros en esa área costera.

El Ministerio para la Transición Ecológica enfatiza que en la zona de servidumbre no es permisible la construcción de viviendas, insistiendo en que el terreno en cuestión es considerado como "no urbanizable" según el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, lo que también es incompatible con la existencia de la citada edificación.

Desde el Gobierno se subraya que, conforme a las sentencias emitidas, no hay posibilidad de concluir la construcción ni de operar el hotel, ya que este se localiza en terrenos clasificados como "no urbanizables" que invaden parcialmente la zona de servidumbre.

En este escenario, el Gobierno central ha señalado la importancia de que el Ayuntamiento de Carboneras actúe para cumplir con las sentencias judiciales correspondientes, las cuales exigen la reclasificación de los terrenos y la revisión de la licencia de obras otorgada en 2003 que permite la construcción del hotel.

Desde el Ministerio se ha manifestado que múltiples decisiones judiciales han determinado la "antijuridicidad" de la licencia de obras, sugiriendo que el Consistorio debería anularla, aunque este ha aclarado que su obligación se limita a revisarla, sin implicar necesariamente su anulación.

El Gobierno ha criticado que tanto las administraciones autonómica como local no han logrado restablecer la legalidad urbanística y ambiental en la zona colindante con el dominio público marítimo-terrestre donde se situa el hotel, afirmando que el proceso de expropiación podría ser un camino más ágil para restablecer el espacio natural, en comparación con el cumplimiento de las sentencias judiciales, algunas de las cuales llevan más de cuatro años esperando resolución.

Finalmente, las autoridades han reafirmado su "compromiso" para la recuperación de este espacio en el marco del Protocolo General de Colaboración con la Junta de Andalucía, firmado en 2011, cuya conversación más reciente tuvo lugar el 4 de marzo, aunque no se logró un acuerdo para la demolición del hotel.