En un giro importante dentro de la investigación que compromete a antiguos miembros del PSOE, el juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha decidido liberar a Leire Díez, exmiembro del partido, Vicente Fernández, exlíder de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Antxon Alonso, empresario con vínculos con el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta actuación se produce en el marco de una indagación sobre supuestas irregularidades en contratos públicos.

Según informaron fuentes del ámbito judicial a Europa Press, el magistrado ha impuesto ciertas restricciones a los liberados, incluyendo la devolución de su pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse en el tribunal cada quince días. Estas medidas fueron solicitadas por la fiscal de Anticorrupción, Elisa Lamelas, y, debido a la falta de otros involucrados en la causa, no se consideró necesario imponerles prisión.

Los tres implicados llegaron bajo custodia policial a la Audiencia Nacional en la mañana de este sábado, donde comenzaron sus declaraciones alrededor de las 10:00 horas. Se reporta que Díez optó por no declarar, argumentando desconocer los motivos de su arresto, mientras que Fernández sí respondió a los interrogatorios del juez, la Fiscalía y su defensa.

Fernández está siendo investigado por posibles manipulaciones en la adjudicación de contratos entre los años 2021 y 2022. Durante su declaración, negó cualquier irregularidad y se le preguntó sobre Servinabar, la empresa que comparte con Alonso y Cerdán. Este último decidió no hacer comentarios durante el proceso. Todos fueron arrestados el miércoles anterior por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y el caso sigue bajo secreto de sumario.

La causa, liderada por la Fiscalía Anticorrupción, investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. El juez ha autorizado registros en diversas ubicaciones, incluyendo Madrid, Sevilla y Zaragoza, buscando documentos relacionados con empresas asociadas a Servinabar y su conexión con Cerdán.

Los agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo registros en las sedes de varias empresas vinculadas a Forestalia, así como en la SEPI y otros ministerios. Se destacó que la colaboración de estas instituciones fue total y que los expedientes requeridos fueron entregados siguiendo los procedimientos establecidos.

Aparte de los tres ya mencionados, también se ha incluido en las investigaciones al ex presidente de Enusa, José Vicente Berlanga. Se estima que el número de investigados puede superar la docena, según fuentes del caso.

Díez enfrenta además investigación por delitos de tráfico de influencias y cohecho en un procedimiento dirigido por otro juez en Madrid, donde se le señala como líder de una operación delictiva destinada a obtener información privilegiada que pudiera comprometer a políticos y empresarios.

En anteriores declaraciones, Díez sostuvo haber mantenido reuniones con Cerdán como periodista y negó vínculo alguno con el partido. Su trayectoria incluye un periodo de trabajo en Enusa, empresa ligada a la SEPI, antes de pasar a Correos.

Fernández, quien ocupó el cargo de presidente de la SEPI desde junio de 2018 hasta su dimisión en 2019 debido a su imputación en otro caso, fue mencionado en relación al 'caso Koldo', donde se detalla que recibió pagos de Servinabar. En un periodo de dos años, se constata que recibió montos significativos de la empresa en cuestión.

Alonso, por su parte, también tiene un historial de investigaciones anteriores y negó haber realizado pagos ilícitos para obtener contratos públicos, desligando a Cerdán de Servinabar. Según sus afirmaciones, él es el único propietario de la empresa y cuestionó la validez de un contrato de compraventa que muestra la adquisición de participaciones por parte de Cerdán.