El Parlamento andaluz ha tomado una postura firme en su última sesión al aprobar una proposición no de ley presentada por el Partido Popular de Andalucía, en la que se expresa un rechazo rotundo hacia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La crítica se basa en lo que consideran una actitud pasiva en la lucha contra el narcotráfico en la región. Mientras que el PSOE se opuso a esta reprobación, Vox se alineó del lado del PP, apoyando numerosas propuestas de la iniciativa. Por su parte, los grupos de la izquierda, incluyendo Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, optaron por la abstención en varios puntos.

En este contexto, la Cámara ha dejado claro su desacuerdo con la gestión del ministro, acusándolo de incumplir compromisos previamente establecidos con las fuerzas de seguridad, así como de desatender sus necesidades y condiciones laborales. Según el PP-A, esta falta de apoyo institucional ha conducido a un aumento considerable de la inseguridad ciudadana y ha puesto en riesgo la integridad de los efectivos dedicados a mantener el orden público.

Adicionalmente, se ha exigido que el Parlamento destiñe la actitud "poco colaborativa" del Gobierno de España en la investigación del asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Este llamado a la acción incluye la solicitud de que el Gobierno central adopte un compromiso sólido en la lucha contra el narcotráfico y las redes criminales que operan en diversas escalas, así como la urgente necesidad de revisar su enfoque sobre la seguridad pública, que consideran falto de la debida seriedad.

El texto aprobado también aboga por la creación de un plan comprensivo que refuerce los recursos y la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad. Este plan debería ser desarrollado en colaboración con estas instituciones y aseguraría que dispongan lo necesario en términos de personal, equipamiento y legislación para hacer frente a la delincuencia organizada de manera efectiva.

Además, el Parlamento demanda un cambio en la Ley Orgánica del Código Penal que incluya la definición de nuevas tipificaciones penales para quienes están involucrados en el tráfico de recursos, como los famosos "petaqueros", es decir, aquellas personas que se encargan de proporcionar combustible a las embarcaciones usadas para el transporte de drogas. Esto, con el objetivo de endurecer las sanciones relacionadas con estas actividades delictivas, una propuesta que tiene el respaldo de jueces y agentes de la ley.

La Cámara también ha resaltado la importancia de reactivar unidades especializadas en la lucha contra el narcotráfico, como la extingida OCON-Sur, proponiendo que cuenten con fondos suficientes y personal capacitado para actuar en áreas de alto riesgo, como el Campo de Gibraltar.

Aparte de eso, se ha advertido que la situación en provincias como Almería es alarmante, con una falta de recursos que agrava la crisis de seguridad. Los problemas descritos incluyen la falta de medios aéreos y una flota de embarcaciones en condiciones inadecuadas para combatir el narcotráfico, así como un auge en la violencia por parte de grupos criminales en Sevilla, donde las fuerzas del orden se ven impotentes.

Finalmente, el Parlamento ha manifestado su apoyo a los agentes de seguridad, subrayando el desinterés del Gobierno de España por sus necesidades. Se considera esencial que se reconozca la labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo, junto con la urgencia de lograr una equiparación salarial justa y un sistema de jubilación digna para estos servidores públicos.