SEVILLA, 22 de mayo. En una sesión intensa, el Pleno del Parlamento andaluz ha dado luz verde a una propuesta del Partido Popular Andaluz (PP-A) que exige la "dimisión inmediata" del actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Los parlamentarios argumentan que su gestión se ha caracterizado por la incompetencia y la falta de transparencia en el manejo del sistema ferroviario, además de mostrar una actitud poco respetuosa hacia los usuarios y las mismas instituciones de Andalucía.

La propuesta ha encontrado una férrea oposición por parte de los grupos del PSOE-A y Por Andalucía, mientras que Vox la ha apoyado sin reservas. Por su parte, Adelante Andalucía ha adoptado una postura variable, ya que se abstuvo o rechazó ciertos puntos de la iniciativa, evidenciando así una fragmentación en las posturas de la izquierda.

El texto, además de exigir la salida de Puente, solicita la destitución de los altos cargos de Renfe y ADIF, a quienes se les atribuye una gestión deficiente que ha llevado al colapso operativo del sistema ferroviario en la región. También se critica su ineficacia en el mantenimiento y la coordinación entre los operadores del transporte.

La Cámara también ha expresado su descontento hacia la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por su gestión en la coordinación interministerial necesaria para abordar las crisis ferroviarias en Andalucía. Se argumenta que su falta de acción ha trasladado a la comunidad un "abandono financiero", especialmente en lo relacionado con nuevas infraestructuras y el mantenimiento de las existentes, sin avances en un nuevo Plan de Infraestructuras Ferroviarias para Andalucía.

En un contexto más amplio, se han solicitado medidas al Gobierno central para fortalecer el sistema ferroviario nacional tras su liberalización, así como la creación urgente de un Plan Extraordinario para la modernización y mantenimiento de las infraestructuras en Andalucía, con un enfoque especial en las líneas de alta velocidad y larga distancia.

Asimismo, se pide al Ejecutivo nacional que establezca un protocolo unificado para la gestión de incidentes graves, con el objetivo de asegurar que los usuarios reciban información oportuna, atención adecuada y compensaciones justas en caso de interrupciones del servicio, en línea con las normativas europeas.

El diputado del PP-A, Antonio Saldaña, ha criticado lo que él denomina un "semestre negro" para el sector ferroviario en Andalucía, señalando que la escasez de infraestructuras y el bajo cumplimiento de los presupuestos han llevado a esta situación. Apuntó que la responsabilidad en esta crisis recae directamente sobre las figuras de Montero y Puente.

Saldaña ha calificado las solicitudes incluidas en la iniciativa como "lógicas y de sentido común", y ha afirmado que Puente ya no tiene la capacidad para seguir liderando su ministerio, mientras que Montero se ha vuelto una "peor enemiga de Andalucía" por su aparente distracción en asuntos menos relevantes.

En contraposición, el parlamentario del PSOE-A, Rafael Márquez, ha reprochado al PP-A por no ofrecer propuestas constructivas y limitándose a un discurso confrontacional que busca desacreditar al Gobierno central, tachando de "desastre" la gestión actual sin ofrecer soluciones concretas para los problemas que enfrenta Andalucía.

Desde Vox, el diputado Alejandro Hernández ha cuestionado la idoneidad de Puente en su cargo, enfatizando que la situación actual de la alta velocidad en Andalucía, que debería ser un símbolo de modernidad, se ha transformado en una serie de crisis operativas y deterioro del servicio.

En respuesta a esta crítica, José Manuel Gómez de Por Andalucía ha calificado la iniciativa del PP-A como un intento de aprovechar la situación para desviar la atención, argumentando que la crisis ferroviaria es un problema de largo recorrido y no se puede atribuir exclusivamente a la reciente gestión del ministro.

Finalmente, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, ha planteado interrogantes sobre el origen de los problemas ferroviarios en la comunidad, sugiriendo que estos son el resultado de políticas acumulativas a lo largo de varias décadas, indicando que una visión superficial no es suficiente para abordar esta compleja cuestión.