GRANADA/MADRID, 4 de julio. En la jornada de hoy, el Tribunal Supremo (TS) da inicio a la serie de interrogatorios a empresarios implicados en el denominado 'caso Koldo', según lo decidido por el instructor Leopoldo Puente. Estos testimonios se centran en la posible entrega de comisiones a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, y a José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, así como a su asesor Koldo García, a cambio de contratos de obras públicas.

A partir de las 10:00 horas, Puente ha convocado a tres empresarios a ser interrogados por su participación en esta trama. Entre los citados se encuentran los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR). Esta compañía ha sido mencionada en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) como parte de los presuntos manejos ilegales, lo que llevó a un registro en el hogar familiar en Granada.

Durante el registro efectuado en la vivienda de Antonio Fernández Menéndez, la UCO encontró una notable cantidad de documentación, incluyendo un manuscrito que menciona el nombre 'Ábalos'. Además, hallaron documentos que detallan adjudicaciones históricas relacionadas con el Ministerio de Fomento y planes de infraestructura para 2023 de la Subdirección General del área.

El Tribunal Supremo autorizó el registro de las propiedades de los Fernández Menéndez tras detectar indicios de que podrían haber colaborado con Ábalos y su ex asesor Koldo García en la obtención de contratos públicos a cambio de beneficios económicos. Las investigaciones centran su atención en adjudicaciones en regiones como Asturias y Galicia.

Según los agentes de la UCO, los hermanos Fernández Menéndez están emparentados con Fernando Merino, un ex directivo de Acciona Construcción en Navarra, quien supuestamente los presentó a Koldo. Las indagaciones también sugieren que la ex esposa de Koldo pudo haber recibido un empleo en Anfersa, asociada a OPR, sin prestar realmente un servicio laboral.

El juez Puente tiene en la mira a estos empresarios junto a otros tres que serán citados, incluido José Ruz, relacionado con Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). El viernes, otro grupo de empresarios comparecerá ante el tribunal, mientras que el lunes será el turno de Antxón Alonso y Fernando Merino.

Todos los imputados están siendo investigados bajo la sospecha de que habrían participado en irregularidades que favorecieron a sus empresas a través de pagos que, supuestamente, habrían llegado a Ábalos, cuyo estatus de aforado permite que el TS se encargue del caso junto a la Audiencia Nacional.

En un paso adicional, Puente instruyó a la UCO para que investigara las cuentas bancarias de estos empresarios y las empresas involucradas, incluyendo Acciona y OPR, tras recibir un informe que arrastra consigo posibles ilegalidades en las adjudicaciones de obras públicas, lideradas supuestamente por Cerdán, Ábalos y Koldo, apoyadas en grabaciones realizadas por el ex asesore entre 2019 y 2023.

Puente también menciona a Ruz como un vínculo clave entre los principales implicados, entendiendo que ha mantenido reuniones frecuentes con ellos y que compartía los resultados de esas conversaciones con Koldo. A pesar de haber negado irregularidades en su declaración anterior, Ruz admitió que contactó a Koldo para saldar una deuda.

Las investigaciones revelan que Ruz estableció contacto inicial con Koldo mediante un correo electrónico en marzo de 2019, en el que se presentó como dueño de una empresa constructora. En la comunicación, mostró disposición total para cooperar, a tal punto que Koldo le había solicitado mantener discreción sobre sus interacciones.

El informe de la UCO muestra el crecimiento de la comunicación entre ambos, destacando la solicitud de Koldo para que Ruz no revelase su relación a terceros. Asimismo, Koldo le proporcionó medios para comunicarse de forma segura, utilizando codificaciones en sus conversaciones.

A través de su relación con Koldo, Ruz llegó a establecer contacto con Ábalos, pidiendo favores para promover su empresa, aunque a medida que la confianza creció, decidieron omitir a De Aldama en sus tratos. Además, se han encontrado pruebas de que mantuvieron encuentros tanto en el Ministerio como en la residencia de Ábalos, quien seguía siendo referido como 'jefe' por todos los implicados.

En una de las interacciones, Ruz discutió la necesidad de contactar a Cerdán, planteando que había "heridos inocentes", aludiendo a complicaciones políticas. Según la UCO, Ruz solicitaba a Koldo revisar la aprobación de un proyecto valorado en 4,5 millones de euros, lo que, aparentemente, resultaría en un pronto desbloqueo de fondos adeudados a su empresa.

El balance de las investigaciones refleja que Koldo intercedió en favor de LIC ante altos directivos, asegurando la adjudicación de obras. A pesar de las complicaciones posteriores que enfrentaron Ábalos y Koldo, estos intercambiaron messages sobre limitaciones financieras y поведения de otros cómplices en la trama de corrupción que se ha ido desenmascarando.