El magistrado Leopoldo Puente, quien está a cargo del caso Koldo en el Tribunal Supremo, ha solicitado a la Dirección General de Carreteras, perteneciente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que proporcione, en un plazo de 15 días, documentos relacionados con la adjudicación de seis importantes obras. Entre estas se encuentran el Puente del Centenario en Sevilla y un tramo de la carretera N-322 que conecta Córdoba y Valencia, específicamente entre Úbeda y Torreperogil en la provincia de Jaén.

En un auto emitido este viernes, el juez ha insistido en que es necesario obtener información sobre la adjudicación de estas obras, que se extienden a varias comunidades autónomas. En particular, destacan las obras en Andalucía, cuya inversión inicial fue de 71,4 millones de euros y se amplió posteriormente a 102,8 millones, además de la obra en Úbeda, cuyo costo aún no ha sido especificado.

Las otras obras mencionadas en la solicitud de información por parte del juez están situadas en Logroño, valoradas en 92,4 millones de euros; en Asturias, con un coste de 7,3 millones; en Teruel, por 5,7 millones; y un tramo de la autovía A-12 que va desde La Rioja hasta Burgos, que costó 72,4 millones.

Estas adjudicaciones fueron identificadas por la Unidad Central Operativa (UCO) en un informe reciente. Los contratos están vinculados a las empresas Acciona Construcción, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), y abarcan proyectos en diversas regiones como Andalucía, Asturias, Cataluña, Galicia, La Rioja, la Región de Murcia y Teruel.

El informe del 5 de junio destaca que una de las obras que supuestamente benefició al exministro de Fomento, José Luis Ábalos, fue la construcción de los tirantes del Puente del Centenario, ubicado en la autovía SE-30 de Sevilla. La Guardia Civil ha registrado conversaciones de noviembre de 2018 que sugieren que el Ministerio de Transportes estaba trabajando en esta licitación, y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ya había sido informado de su desarrollo.

En abril de 2019, Cerdán instó a Koldo García a que finalizara el proceso de licitación. Posteriormente, el exasesor y Ábalos discutieron la presión ejercida por Cerdán en relación con este asunto. Las grabaciones indican que Koldo también mencionó el papel de Pedro Saura, quien supuestamente estaba obstaculizando la publicación de la obra en Sevilla.

El anuncio de licitación se hizo público en septiembre de 2020 y, en enero de 2021, se comunicó a Koldo que Acciona había presentado la oferta más competitiva, alcanzando una puntuación técnica perfecta. La adjudicación, inicialmente de 71 millones de euros, se incrementó a 102,8 millones en 2023.

En el mismo informe se menciona un proyecto referente a la autovía A-32 (Linares-Albacete) y a la N-322, donde los agentes encontraron una nota en un dispositivo de Koldo que indicaba la necesidad de aprobar un modificado para la obra en cuestión.

Además, el juez ha pedido al Ministerio de Transportes que entregue el correo electrónico del exministro Ábalos, lo que llevó a los agentes de la UCO a visitar el departamento dirigido por Óscar Puente, así como las instalaciones de Adif y la Dirección General de Carreteras.

El magistrado también ha solicitado al PSOE que permita el acceso de agentes a sus instalaciones para clonar información contenida en el correo electrónico corporativo del exsecretario de Organización, Santos Cerdán. Asimismo, se le requiere que entregue cualquier otra dirección de correo que pudiera haber usado exclusivamente Cerdán.

Esta decisión surge tras la formalización de la imputación de Cerdán, quien recientemente renunció a su escaño como diputado, lo que le hace perder su aforamiento. Esta situación se produce después de que se hiciera público un informe de la UCO que lo vincula con una supuesta red de irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

Finalmente, el magistrado también ha exigido a Adif que envíe al Tribunal Supremo, en un plazo de 15 días, la documentación relacionada con la adjudicación de cinco obras adicionales, que incluyen proyectos en Cataluña, Murcia, Galicia y Asturias, por un importe significativo.