SEVILLA, 2 de diciembre. En una reciente comparecencia ante los medios, Esperanza Gómez, parlamentaria del Grupo Por Andalucía y coordinadora de Sumar Andalucía, se ha declarado a favor de mantener la coalición vigente. Según Gómez, su declaración fue en calidad de portavoz de Por Andalucía, una agrupación que representa la unidad entre diferentes fuerzas políticas.

La postura de Gómez surge en respuesta a los comentarios de Juan Antonio Delgado, candidato de Podemos Andalucía, quien propuso trabajar junto a Izquierda Unida sin incluir a Sumar Andalucía. La coordinadora enfatizó que "las puertas están abiertas para quienes deseen unirse", especialmente tras la reciente alianza entre IU Andalucía, Sumar Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz, que anunciaron su colaboración el pasado 23 de noviembre, con Antonio Maíllo como candidato a la presidencia de la Junta para las elecciones autonómicas del 2026.

Gómez también subrayó la importancia de la actual coalición en el Parlamento de Andalucía, que se formó para las elecciones de 2022 y que ha enfrentado numerosos desafíos. Recordó cómo esta unión ha sido crucial para responder a la administración del Partido Popular en la Junta, argumentando que se hace más necesario que nunca repetir el esfuerzo electoral del año pasado.

En torno al Pleno del Parlamento que tuvo lugar a las 12:30 de este martes, Gómez observó que la agenda incluye la aprobación de dos leyes y el inicio de la tramitación de tres más, lo que calificó como un "empacho legislativo". Además, criticó el cambio de los días habituales de las sesiones, argumentando que el presidente Moreno Bonilla busca monopolizar el 4 de diciembre, conocido como el Día de la Bandera.

La diputada de Por Andalucía denunció que esta maniobra del Grupo Popular revela un supuesto temor del PP a perder las próximas elecciones, lo que les llevó a apresurarse en el debate legislativo mediante procedimientos de urgencia. Gómez ha expresado que el voto en contra de su grupo en relación a la Ley de Vivienda se debe a la eliminación del Observatorio de Vivienda, resaltando que la Junta debería enfocarse en la construcción de más viviendas y no en "criminalizar la pobreza".

También se refirió a las preocupaciones de los agentes sociales acerca de la Ley de Universidades de Andalucía, calificada de "intervencionista" y que, según ella, ha menoscabado el papel de la Consejería de Universidad. Gómez sostuvo que se está siguiendo un camino similar al de Madrid, donde las universidades públicas han sido desatendidas.

Finalmente, Gómez lamentó que, casi cinco décadas después de la movilización del 4 de diciembre de 1977, Andalucía aún enfrenta graves problemas como el desempleo, la desigualdad y la pobreza. Concluyó reiterando que los andaluces, en 1977, clamaban por servicios públicos de calidad como parte del legado de la autonomía y criticó los intentos de desviar la atención de estos asuntos fundamentales por parte de la Junta.