El Sindicato de Estudiantes ha convocado para el próximo martes, 28 de octubre, una huelga escolar en protesta por el acoso escolar, a raíz del trágico caso de Sandra Peña, una joven que supuestamente se quitó la vida tras ser víctima de bullying en Sevilla. Los estudiantes de la ESO, Formación Profesional y Bachillerato están llamados a “salir a las calles” en apoyo a la familia de la adolescente y para manifestar su rechazo a esta grave problemática. Las movilizaciones están programadas para comenzar a las 12:00 en diversas ciudades del país.

Esta agrupación ha exigido la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto, donde estudió Sandra, y la retirada de la financiación pública que recibe la institución. Argumentan que quienes no activaron el protocolo contra el bullying deben afrontar consecuencias legales por permitir que se produjera esta situación tan dolorosa.

Además, piden una contratación masiva de psicólogos y psiquiatras en el sistema de salud pública, así como en cada uno de los colegios e institutos. “No debe destinarse ni un euro del erario público a enriquecer la educación privada concertada, que a menudo oculta el acoso y otras formas de abuso en sus aulas”, han subrayado con énfasis.

El sindicato también solicita una educación que esté libre de discursos de odio, afirmando que “la violencia que se propaga desde la extrema derecha, tanto en redes como en las instituciones, se refleja en nuestros centros educativos”. En sus declaraciones, han enfatizado la necesidad de crear un entorno seguro en las escuelas para todos los estudiantes, independientemente de su género, raza, orientación sexual o creencias.

En el marco de esta movilización, el Sindicato de Estudiantes expresó su solidaridad hacia la familia y amigos de Sandra, afirmando que “su pérdida podría haber sido evitada”. Desde su perspectiva, hay “responsables claramente identificables” en este caso, incluyendo la dirección del colegio que, según afirman, no activó el protocolo antibullying con el fin de preservar “el buen nombre” de la institución y su negocio, así como la Iglesia Católica, que ignoró los reclamos de ayuda para salvaguardar su imagen pública y evitar perder subvenciones.

La organización también responsabiliza a la Junta de Andalucía, que, según ellos, mantiene el acuerdo de financiación con la Fundación Educativa Mary Ward, que está detrás del colegio Irlandesas de Loreto y que, a su juicio, desmantela la educación pública y niega los recursos necesarios para combatir el acoso escolar. “Atajar el bullying no debe depender de la buena voluntad de nuestros docentes, quienes a menudo están abrumados por un exceso de alumnos, sino que es crucial incorporar profesionales de orientación y mediación en todos los centros educativos”, han lamentado.

Por último, el sindicato extiende su crítica hacia los responsables del ámbito educativo tanto en el gobierno central como en todas las comunidades autónomas, manifestando que “no hay presupuestos suficientes para la educación pública, que se ve asfixiada por recortes, ni para implementar un plan efectivo de prevención de suicidios y de apoyo a la salud mental, mientras existe un incremento desmedido del gasto militar y una privatización continua de servicios públicos que benefician a empresas privadas en educación y sanidad”.