La Audiencia Provincial de Sevilla ha emitido un fallo en el que se aborda la responsabilidad penal de un ex alto cargo de la Junta de Andalucía y la relación con un sindicato. En un caso desgajado del famoso asunto de los ERE, se ha dictado una condena de cuatro años y un mes de prisión para Daniel Alberto Rivera, quien fue director general de Trabajo y Seguridad Social en la Junta, debido a su implicación en la gestión de ayudas a catorce extrabajadores de la empresa Fertiberia.

El tribunal, en su resolución del 11 de septiembre, también impone a Rivera una inhabilitación de más de diez años y una multa que asciende a 682.598,50 euros, lo correspondiente a los pagos que él mismo gestionó. Esta decisión se produce tras convenir que el exfuncionario cometió delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos durante su gestión.

En un giro significativo, la Audiencia ha decidido absolver a un antiguo dirigente del sindicato CCOO y al propio sindicato de cualquier responsabilidad civil. Los jueces Argumentan que no se ha presentado evidencia suficiente que vincule al exdirigente con la ejecución ilegal más allá de su mera participación en una reunión sobre el tema.

El caso se refiere a la solicitud de un Expediente de Regulación de Empleo por parte de Fertiberia en 2003, que buscaba la extinción de 166 puestos laborales. Eso se acordó en diciembre de ese año y, de las alternativas ofrecidas, algunos trabajadores optaron por prejubilaciones o indemnizaciones. A pesar de los planes establecidos, varios extrabajadores finalmente buscaron salarios y condiciones que les proporcionaran prejubilaciones, lo que desencadenó la intervención de la Dirección de Trabajo.

A través de procedimientos complejos, los perjudicados solicitaron ayuda al entonces director, quien, hasta 2004, aprobó pólizas de seguro que facilitarían las condiciones de prejubilación. Sin embargo, se ha destacado que estos procesos carecieron de la tramitación administrativa adecuada, resaltando que el entonces director general no tenía la autoridad para autorizar este tipo de ayudas.

En el transcurso del juicio, la Fiscalía había solicitado penas más severas para los implicados, sumando años de prisión y cuantiosas indemnizaciones a la Junta de Andalucía. Pero el tribunal ha determinado que, aunque hubo irregularidades en la gestión de estos recursos, no se ha podido establecer culpabilidad en los representantes sindicales.

La cantidad total ligada a esta situación iba más allá de los 2 millones de euros, un monto que la Junta debía asumir por falta de respuesta a las obligaciones pertinentes. Este sumario ha puesto de relieve la falta de transparencia en las decisiones que manejaron partidas de dinero público, debilita la confianza en las instituciones y en la administración de justicia.

La resolución, que aún no es definitiva y podría ser objeto de apelación ante el Tribunal Supremo, presenta un debate interno entre los magistrados. Uno de ellos, Pedro Izquierdo, ha expresado su desacuerdo con la condena, sosteniendo que los trabajadores involucrados eran legítimos beneficiarios de las ayudas, interrelacionando su estatus como empleados de Fertiberia con la solicitud de dicha asistencia.

Este fallo pone en el centro del debate la gestión pública y cómo se manejan los recursos destinados a la protección social, dejando abierto un camino para futuras discusiones sobre la rendición de cuentas en el ámbito político y administrativo.