Expertos andaluces critican el cupo catalán y demandan una reforma en la financiación de manera multilateral.
El Observatorio Económico de Andalucía (OEA) ha expresado su rechazo al acuerdo entre PSC y ERC sobre una financiación singular para Cataluña, destacando que cualquier modificación en el sistema de financiación autonómica debe ser abordada de manera multilateral y como un proyecto que promueva la unión del país.
En su comunicado, el OEA señala que el acuerdo entre ambas fuerzas políticas para Cataluña implica una relación bilateral entre el Estado y la Generalitat de Cataluña en términos financieros. Este acuerdo contempla que la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los impuestos en Cataluña serían responsabilidad de la Agencia Tributaria de Cataluña, así como el financiamiento de los servicios estatales en la región con el requisito de solidaridad con otras comunidades, manteniendo la ordinalidad como condición esencial.
Desde esta perspectiva, el Observatorio considera que el acuerdo no representa el fin del proceso independentista, sino más bien la aceptación de ciertas premisas, específicamente el alegado trato fiscal injusto hacia Cataluña.
Ante esta situación, el OEA ha manifestado su desacuerdo y destaca que la bilateralidad entre el Estado y una comunidad en temas financieros solo está justificada en el caso de territorios forales, evidenciando las relaciones desiguales que estas entidades mantienen con el resto de España.
Además, advierte que la posible fragmentación de la Agencia Tributaria derivada del acuerdo podría afectar la eficiencia, eficacia y equidad de la gestión tributaria en el país.
El Observatorio critica el abordaje de un cambio de esta envergadura a partir de un acuerdo de investidura regional, considerando que los procesos son igual de importantes que el contenido en un Estado de Derecho.
En términos propositivos, el OEA sugiere que cualquier reforma en el sistema de financiación autonómica debe ser integral y llevarse a cabo de manera coordinada, con el objetivo de nivelar las capacidades financieras de todas las comunidades para ofrecer servicios públicos de igual calidad.
Asimismo, insta a establecer un programa de reestructuración de la deuda pública autonómica en manos del Estado, vinculado a condiciones estrictas y enfocado en la infrafinanciación relativa de las comunidades.
El Observatorio también aboga por la creación de un consorcio tributario entre la Agencia Tributaria estatal y las autonomías, en lugar de múltiples acuerdos bilaterales, con el fin de mejorar la eficiencia fiscal en el país.
Finalmente, promueve la armonización fiscal como un punto intermedio entre la centralización y la competencia en materia impositiva.
El OEA recuerda que la reforma del sistema de financiación autonómica debió abordarse en 2014 según lo establecido en la Ley 22/2009, pero lamenta que diversos gobiernos no hayan logrado impulsarla eficazmente, a pesar del consenso académico al respecto.
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