SEVILLA, 29 de septiembre. Un fallo del juzgado contencioso-administrativo número 11 de Sevilla ha llevado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a encarar una condena económica de 283.612 euros, a ser pagada a la familia de un paciente que perdió la vida a causa de una neumonía bilateral provocada por el COVID-19. Este veredicto subraya que la atención médica recibida fue considerada deficiente, señalando una falta de pruebas adecuadas y de ingreso hospitalario en los primeros momentos de su enfermedad.

De acuerdo con la resolución judicial, el fallecido, un hombre de 55 años y sin antecedentes clínicos, se presentó en marzo de 2021 en el Servicio de Urgencias del Hospital de La Merced, en Osuna, con fiebre, aunque no mostraba problemas respiratorios en ese instante. Se le realizó una radiografía de tórax que no confirmó de manera contundente la presencia de neumonía, y no se registró la realización de una prueba de oxígeno en sangre. Los facultativos optaron por darle el alta y prescribirle paracetamol, indicándole que regresara si presentaba complicaciones respiratorias.

Sin embargo, cinco días más tarde, el paciente regresó ya gravemente afectado por neumonía bilateral ocasionada por el virus, lo que llevó a su traslado al Hospital de Valme, donde lamentablemente falleció poco después debido a la enfermedad.

Tras revisar la documentación médica y los informes periciales, el tribunal ha llegado a la conclusión de que la atención sanitaria que recibió el paciente incumplió los estándares profesionales, al no haberse realizado pruebas complementarias ni ingresarlo en el hospital en el momento crítico, lo que resultó en un retraso que condujo a su deceso.

Cabe destacar que el Servicio Andaluz de Salud ha apelado la decisión del juez, argumentando que la responsabilidad debería ser atenuada por factores como el "riesgo inherente" que conlleva el COVID-19, así como la "posible falta de vacunación" del paciente. Pese a esto, el tribunal ha desestimado tales defensas y ha aclamado la responsabilidad del SAS, identificando un "nexo causal directo" entre la actuación médica errónea y la muerte del paciente.

Como consecuencia de este fallo, la entidad de salud andaluza estará obligada a abonar 283.612 euros a los familiares del difunto. Esta cantidad se distribuye entre la viuda, que recibirá 103.247,68 euros, y los hijos, quienes obtendrán 95.250 euros y 84.704 euros, respectivamente. Además, la sentencia estipula que dichas sumas generarán intereses legales desde el 30 de marzo de 2022, fecha de la reclamación administrativa, hasta que se complete el pago.