La Fiscalía ha pedido penas de cuatro años y medio de prisión para cada una de las tres personas acusadas de prevaricación y malversación en relación con una ayuda de 50.000 euros otorgada a una empresa hotelera de Cádiz a través de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos y las ayudas arbitrarias incentivados con fondos de la Junta de Andalucía.

Según la Fiscalía, los dos gestores de la empresa gaditana fueron conscientes de que la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía podía otorgarles fondos públicos para obtener liquidez inmediata, y consiguieron que el director general beneficiara a su empresa con una ayuda de 50.000 euros.

El tercer acusado, el secretario general de la Unión Local del sindicato CCOO de Jerez de la Frontera, propició a sabiendas de la falta de cumplimiento de la legalidad la posterior concesión de la mencionada ayuda por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.

La Administración andaluza materializó el pago de dichos 50.000 euros en enero de 2009, sobre la base del expositivo del convenio firmado el 30 de diciembre de 2008, realizándose el abono por orden del director de Administración y Finanzas de la agencia IDEA, perteneciente a la Junta de Andalucía.

La Fiscalía cree que los hechos constituyen un delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación de caudales públicos, y reclama para cada uno de los tres acusados cuatro años y medio de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta, así como que indemnicen con 50.000 euros a la Junta de Andalucía.

El juicio correspondiente a esta pieza de la macrocausa de los ERE se celebrará en enero de 2024.