GRANADA, 26 de enero. Un caso inquietante ha ganado atención en Granada, donde la Fiscalía ha decidido actuar con firmeza contra una mujer acusada de publicar en TikTok vídeos que humillan a un anciano de 70 años, a quien cuidaba en su hogar. Esta situación plantea graves interrogantes sobre el respeto y la dignidad que se debe otorgar a nuestros mayores, especialmente a aquellos que se encuentran en situaciones vulnerables.

El juicio para esta mujer de 54 años, originaria de Venezuela, está programado para el próximo 11 de febrero en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada. Se enfrenta a cargos por un presunto delito de odio, junto con otro que afecta a la integridad moral del anciano, lo cual pone de relieve la gravedad de sus acciones en un contexto social donde la empatía y el respeto deberían ser la norma.

La Fiscalía ha ampliado las acusaciones al considerar que su comportamiento encierra una agravante relacionada con la discriminación por enfermedad. En particular, la acusada no dudó en mostrar en las redes sociales los momentos en que manipulaba la sonda gástrica del septuagenario, exponiendo así su indefensión y su delicado estado de salud ante una audiencia de seguidores.

De acuerdo con el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, la mujer fue contratada específicamente para cuidar al anciano en su domicilio, prestando servicios de lunes a viernes por la tarde, dada la vulnerabilidad del hombre y las múltiples patologías que padecía. Sin embargo, hasta su despido el 31 de octubre de 2022, aprovechó su acceso para grabar un total de 32 vídeos de manera clandestina, los cuales subió a su perfil de TikTok, que contaba con 457 seguidores.

El fiscal ha calificado las grabaciones como "humillantes", alegando que la intención de la acusada era claramente menospreciar al anciano y hacer público su estado de salud delicado. Este tipo de comportamientos no solo vulneran la dignidad del individuo afectado, sino que también reflejan preocupaciones más amplias respecto a cómo se trata a los más vulnerables en nuestra sociedad.

Ante esta actuación salvaje y sin escrúpulos, además de la pena de 15 meses de prisión que se ha solicitado, el fiscal insta a que la acusada también enfrente una multa de 3.000 euros y sea inhabilitada por cinco años para desempeñar cualquier función en ámbitos educativos, docentes o de tiempo libre. Este es un paso necesario para proteger a los más vulnerables y enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de tales actos de desprecio y falta de humanidad.