El gobierno español ha tomado medidas decisivas en su última reunión del Consejo de Ministros, celebrada el 26 de agosto, para atender la grave situación de incendios forestales que han afectado a varias provincias andaluzas. A propuesta del Ministerio del Interior, se ha declarado oficialmente a Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba como zonas severamente golpeadas por emergencias de protección civil, tras la ocurrencia de siete incendios durante el verano que alcanzaron niveles operativos críticos.

Los incendios en cuestión abarcan varias localizaciones específicas: El Garrobo en Sevilla, que se inició el 1 de julio; Algeciras en Cádiz, que comenzó el 11 de julio; y las llamas que asolaron Castillo de Albaida en Córdoba el 22 de julio. Además, Tarifa vio el inicio de incendios en dos ocasiones, el 5 y el 11 de agosto, Jabugo en Huelva el 12 de agosto, y Bonares el 17 del mismo mes, según la información oficial del Ejecutivo.

El Gobierno ha facilitado, además, un protocolo que permitirá a los afectados por un total de 121 emergencias de protección civil, que se han registrado en el país desde el 24 de junio, acceder a distintos tipos de ayudas conforme a la Ley 17/2015. Esta normativa establece el marco para el Sistema Nacional de Protección Civil y busca brindar asistencia a quienes han sufrido los estragos de estos desastres naturales.

Desde el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem) se ha monitoreado la situación con rigurosidad, informando sobre un total de 121 emergencias, de las cuales 114 han estado relacionadas principalmente con incendios forestales en varias autónomas, incluyendo Andalucía, Aragón y Castilla y León. Las restantes emergencias se refieren a inundaciones generadas por intensas lluvias en algunas regiones como Castilla y León y Murcia.

En el análisis realizado por el Consejo de Ministros, se ha evidenciado que los incendios han proliferado en tres oleadas significativas en los últimos dos meses, cada vez más devastadoras. La primera oleada comenzó a finales de junio, alcanzando varias provincias como Alicante, Madrid y Valencia, motivando la activa respuesta de los planes de emergencia regionales.

A partir del 7 de julio, una segunda ola se intensificó con un incendio en Tarragona, que lamentablemente resultó en la pérdida de una vida y el daño a varias localidades. Este episodio se sumó a reportes de incendios en otras provincias costeras y del interior, ocasionando un estado de alarma que se extendió rápidamente.

La situación se tornó crítica a partir de mediados de julio, cuando se extiende el problema a más regiones, con informes de incendios en ciudades como Badajoz y Valladolid. Esta serie de eventos culminó el 8 de agosto con una tercera ola de incendios que afectó gravemente a zonas de Ávila y Ciudad Real, donde también se reportaron situaciones operativas críticas que llevaron al gobierno a activar la Fase 1 de Preemergencia en el Plan Nacional Estatal de Emergencias.

El caos no se detuvo ahí; el 12 de agosto, la situación se complicó aún más, con once incendios extremos que llevaron a que nuevas provincias se vieran arrastradas a la desgracia. La gravedad de los incidentes ha sido tal que, lamentablemente, se registran ocho muertes y un número indeterminado de heridos, junto con daños significativos a la infraestructura pública y privada.

En respuesta a estos desafíos, el gobierno se ha comprometido a proporcionar asistencia directa a los afectados, abarcando desde daños personales hasta pérdidas materiales en viviendas, industrias y otros bienes, además de cubrir los gastos generados a nivel local. Se ha considerado la exención de tasas por gestiones relacionadas con permisos de circulación, así como la expedición de documentos de identidad para facilitar la recuperación de las personas afectadas.

Otras medidas se han delineado desde diversos ministerios, incluyendo beneficios fiscales y ayudas para los sectores productivos afectados, permitiendo así una respuesta integral que busca aliviar el impacto de estos incendios devastadores y garantizar la ayuda necesaria para la recuperación de las comunidades que han sufrido estos reveses.