La Audiencia Provincial de Almería ha dictado sentencia sobre un caso de tráfico de hachís en Roquetas de Mar, condenando a seis personas pero absuelto a otros dos y a un agente de la Guardia Civil acusado de colaborar con los traficantes proporcionándoles información sobre los movimientos de los investigadores.

Los condenados recibirán penas de cinco años y medio de prisión para cuatro de ellos y cuatro años y medio para los otros dos, por delitos contra la salud pública, mientras que todos han sido absueltos de pertenencia a grupo criminal.

El agente de la Guardia Civil, acusado inicialmente de revelación de secretos y cohecho, ha sido absuelto al no quedar probados estos delitos, a pesar de las acusaciones de la Fiscalía que sostenían que proporcionaba información a la organización criminal.

La sentencia señala que el agente facilitó información a uno de los acusados sobre un vehículo y sobre la presencia de agentes encubiertos en el puerto de Aguadulce, pero el tribunal considera que esta información no comprometía su deber de sigilo y discreción.

A pesar de las consultas realizadas en bases de datos de la Guardia Civil, el tribunal no encontró pruebas de que el agente se hubiera concertado con los traficantes para beneficiar sus actividades ilícitas, ni tampoco que conociera los detalles de las operaciones de tráfico de drogas.

La investigación que llevó a las detenciones se inició en 2020, a raíz del aviso sobre el remolcado de la embarcación implicada, y finalizó con la incautación de la droga y la detención de los acusados, a pesar de la información facilitada por el agente absuelto.

Los acusados utilizaron barcos propios para introducir grandes cantidades de hachís en el país a través de los puertos de Roquetas de Mar, en dos operaciones que sumaron cerca de 1.250 kilos de droga.

El supuesto cabecilla de la organización, identificado como C.I.P., cuenta con una orden de extradición y se le atribuye el liderazgo y coordinación de las operaciones de tráfico de drogas.

Los acusados se concertaron para la introducción y venta de resina de cannabis proveniente del norte de África, transportándola en embarcaciones hasta la costa española, donde se encargaban de su custodia y distribución.

La droga era valorada en más de siete millones de euros y los acusados se dedicaban a las tareas de transporte, custodia y venta, bajo las instrucciones de los líderes de la organización.