El Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva ha convocado al actual alcalde, José Carlos Hernández Cansino, de la plataforma Unidos por Punta Umbría, y a la exalcaldesa Aurora Águedo, del PSOE, para que comparezcan como investigados. Ambos están siendo indagados por un presunto delito de prevaricación administrativa, ya que se acusa a ambos de haber tolerado durante años el funcionamiento de un chiringuito que operaba sin la debida concesión para el uso del Dominio Público Marítimo Terrestre, lo que equivale a carecer de licencia de apertura.

Según el auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press, la denuncia fue interpuesta por residentes de la zona, quienes alegan que el chiringuito provoca disturbios y contaminaciones acústicas desde 2019. Este año se hizo una solicitud ante el Ministerio para cambiar su ubicación y ampliar sus instalaciones, la cual fue rechazada. A raíz de un informe del Ministerio Fiscal, la permanencia del chiringuito ha sido calificada como ilegal.

El auto señala que tanto la Policía Local como el Ayuntamiento y sus autoridades han estado al tanto de que el establecimiento carecía de los permisos necesarios para operar. A pesar de ello, permitieron durante años la actividad del chiringuito, lo que ha causado molestias a los vecinos, quienes han visto vulnerado su derecho al descanso debido a la falta de acción efectiva por parte de la Administración local, calificada por el juez como grosera.

El juez manifiesta que, a la luz de las evidencias recabadas hasta ahora, se desprenden indicios de un posible delito ambiental relacionado con el ruido que podría ser atribuido al responsable del chiringuito, además de la prevaricación administrativa que recaería sobre los alcaldes al ignorar la normativa vigente bajo la excusa de perseguir un interés público que ellos mismos interpretan.

El auto detalla que han existido múltiples expedientes administrativos activados tras quejas vecinales sobre la contaminación sonora. Además, con plena conciencia de que el chiringuito carece de una licencia municipal que pudiera haber permitido su funcionamiento, las autoridades han desestimado los informes técnicos que advertían sobre la ilegalidad de la operación. A pesar de las quejas sobre el impacto molesto e insalubre en el vecindario y su repercusión negativa para el medio ambiente, la Alcaldía mantuvo la actividad del chiringuito.

Se destaca en el auto que, en septiembre de 2019, la exalcaldesa mencionó que el Ayuntamiento estaba intentando regularizar la situación de los chiringuitos en la playa, buscando un equilibrio entre el interés general y la legalidad. Sin embargo, el juez interpreta esto como un intento de eludir la ley bajo una interpretación caprichosa de lo que consideran un interés público.

La situación es alarmante, ya que los vecinos han reportado ruidos y molestias en horas inapropiadas, así como un impacto ambiental causado por desechos dejados en la playa tras eventos en el chiringuito, que sigue funcionando sin licencia. Esta actuación ha llevado al juez a criticar que se permita la explotación del chiringuito bajo criterios claramente cuestionables por obviar leyes y regulaciones.

El auto también hace mención a episodios específicos donde se comprobó que el chiringuito violaba normativas de horario y música, pero ante estos casos, la Policía Local solo se limitó a advertir al propietario y no a cerrar el establecimiento. Esto ha llevado al Ministerio Fiscal a cuestionar que el uso de un bien común como es la playa esté subordinado a intereses particulares sin que se tomen medidas correctivas ante las protestas vecinales.

A pesar de rotaciones en el liderazgo del Ayuntamiento, el trato permisivo hacia el chiringuito ha persistido, y las denuncias han continuado sin que se implementen acciones para cerrar el establecimiento como sería de esperar ante tantas irregularidades. Esto pone de manifiesto que el Ayuntamiento ha respondido a quejas indicando tener derechos de explotación en la zona, en lugar de abordar la realidad del operativo del chiringuito, que no está regulado.

Finalmente, el juez ha indicado que la gestión de la administración local parece estar más alineada con apoyar los intereses del chiringuito y su propietario que con el bienestar de los residentes que viven a su alrededor. Por tanto, se ha decidido tomar la declaración de ambos alcaldes como investigados, junto con el responsable del chiringuito, por la posible comisión de delitos relacionados con la prevaricación administrativa y la protección del medio ambiente.