JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 Dic.

La Junta de Gobierno local en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha aprobado hoy el proyecto de Ordenanza de Sequía que establece multas de entre 750 y 3.000 euros para aquellos que no cumplan con las medidas restrictivas del uso del agua potable anunciadas en un bando municipal a principios de noviembre, con el objetivo de hacer frente a la sequía existente.

La graduación de las sanciones, que pueden ser consideradas leves, graves o muy graves, se basará en el perjuicio causado, así como en las circunstancias y la repercusión de la prohibición infringida. También se tomará en cuenta la situación de agravio en comparación con otros usuarios del suministro, el beneficio obtenido y la reincidencia, según ha señalado el Ayuntamiento de Jerez.

De acuerdo con el texto de la ordenanza, el Ayuntamiento asignará agentes de la autoridad para vigilar y controlar el cumplimiento de lo estipulado en la misma, y se tomarán medidas de vigilancia e inspección para hacer cumplir las normas de restricción establecidas.

El objetivo de esta norma es "contar con un instrumento legal que permita la correcta aplicación de medidas excepcionales en situaciones de sequía", explicó el teniente de alcalde de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, asegurando que esta es una medida "necesaria" para el Ayuntamiento, ya que "carecía de este instrumento legal para abordar casos especiales de sequía, a diferencia de otros municipios".

El ámbito de aplicación de la ordenanza abarcará todo el territorio del municipio, incluido en el área de cobertura del contrato de concesión de servicio de abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración en el término municipal.

Según la ordenanza, se podrán tomar medidas como la prohibición del uso de agua potable para el riego de jardines, prados, árboles, zonas verdes y deportivas, tanto públicas como privadas, así como para el riego y limpieza de vías, calles y aceras, también públicas y privadas. También se prohíbe el llenado de piscinas, fuentes y estanques, públicos o privados, que no cuenten con un sistema de recuperación o circuito cerrado, así como el lavado de vehículos con manguera, a menos que sea realizado por una empresa especializada en esta actividad, entre otras medidas establecidas en el bando municipal de noviembre.

De esta manera, cualquier acción u omisión que violente lo estipulado en la ordenanza será considerado una infracción administrativa, con multas de 3.000 euros para las infracciones muy graves, 1.500 euros para las graves y 750 euros para las leves.

Se prevé que esta ordenanza sea aprobada de manera preliminar en el pleno ordinario de diciembre, y en caso de no presentarse alegaciones tras el período de exposición pública, entrará en vigor después de ser aprobada de manera definitiva en el pleno de enero, en el que el Gobierno local del PP cuenta con mayoría absoluta.