SEVILLA, 16 de diciembre. La Junta de Andalucía ha dado un paso significativo en la protección y reconocimiento del profesorado al aprobar un nuevo decreto que complementa la Ley 3/2021 de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado. Esta medida, que entró en vigor recientemente, busca que los casos de agresiones hacia los docentes, tanto verbales como físicas, sean tratados con la seriedad que merecen, instando al Ministerio Fiscal a considerarlos como delitos de atentado.

El decreto establece un amplio espectro de aplicación que no solo se limita a las aulas, sino que se extiende a actividades complementarias y extraescolares, abarcando también situaciones relacionadas con el ciberacoso y cualquier acto que comprometa la integridad de los educadores en su labor diaria.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ofreció detalles sobre la nueva normativa en una conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, destacando que la declaración del profesorado como autoridad pública fortalecerá su posición, garantizando que su testimonio cuenta con presunción de veracidad y con el respaldo legal necesario.

Entre las principales novedades de esta iniciativa se encuentra la creación de la Unidad de Apoyo al Profesorado en cada provincia. Este órgano tiene como objetivo proporcionar asistencia especializada a los docentes que enfrenten adversidades, incluyendo apoyo jurídico y psicológico, así como evaluar situaciones de conflicto para prevenir futuros incidentes.

De acuerdo con las autoridades andaluzas, esta Unidad actuará de manera individualizada, atendiendo a cada caso particular y ofreciendo una guía sobre las acciones que pueden ser tomadas en situaciones de conflicto. La asistencia psicológica se enfocará en mitigar el impacto de agresiones sobre la salud y el desempeño laboral de los docentes.

El principal propósito de esta iniciativa, según ha señalado la Junta, es reforzar el respeto y la consideración hacia los docentes de centros educativos no universitarios, promoviendo un ambiente de convivencia y respeto en la comunidad educativa en su conjunto.

La Junta de Andalucía subraya que el decreto tiene como fin garantizar que los profesores puedan desempeñar su labor con dignidad y seguridad, afirmando que un profesorado reconocido y respaldado es fundamental para el prestigio de la educación en la región.

Es importante destacar que el alumnado y sus representantes tienen el deber de respetar la autoridad de los docentes, así como de colaborar en el cumplimiento de las normas de convivencia establecidas en las instituciones educativas.

Asimismo, el decreto organiza la manera en que se pueden solicitar asistencia jurídica y psicológica gratuita cuando sea necesario. En respuesta a preguntas de la prensa, la consejera aclaró que la asistencia jurídica está destinada únicamente a quienes son personal de la Junta de Andalucía, excluyendo a los profesionales de centros concertados, aunque estos también se beneficiarán de las Unidades de Apoyo.

La propuesta legal estipula que la asistencia jurídica cubrirá la representación y defensa legal tanto en procedimientos iniciados contra los docentes como en aquellos que ellos mismos promuevan para proteger sus derechos frente a amenazas o agresiones.

Además, el decreto incluye medidas para fomentar la valorización social del trabajo docente, con planes para llevar a cabo campañas informativas que resalten la importancia de su labor y la necesidad de un mayor respeto hacia su trayectoria. También estarán en marcha bases para otorgar premios y distinciones a los educadores que se destaquen por su innovación y por contribuir a un mejor ambiente en las escuelas, incorporando en la formación docente componentes que refuercen la autoestima y la autoridad pública de los profesores.