La reciente situación en Cádiz ha desvelado un escándalo que involucra la gestión del transporte escolar, un tema que siempre debe ser tratado con seriedad y transparencia. La Agencia Pública de Educación (APAE) ha señalado que, tras notar un aumento inusual en el presupuesto destinado al transporte escolar para el curso 2022-2023, se inició una investigación en mayo de este año. Esta indagación ha llevado despedir a un empleado que podría estar involucrado y a remitir el caso a la Fiscalía, a raíz de sospechas de conducta delictiva.

De acuerdo con la información proporcionada por la Consejería a Europa Press, todo comenzó cuando se publicaron indicios sobre la existencia de facturas fraudulentas. A raíz de esto, la APAE decidió abrir diligencias preliminares para investigar la tramitación inapropiada de contratos relacionados con el transporte escolar en la provincia. La medida desempeñada fue la suspensión del empleado en cuestión, mientras se analizaban las irregularidades detectadas en los expedientes de contratación.

Durante la investigación, un técnico de la APAE detectó lo que se definió como un “notable incremento” en la cifra del presupuesto, lo que obligó a las autoridades educativas a tomar cartas en el asunto. Como resultado de las diligencias, en noviembre de 2023, se tomó la decisión de despedir al trabajador involucrado, tras haberse abierto un expediente disciplinario que señalaba faltas muy graves.

Asimismo, la Agencia ha informado que se alertó a la Intervención General de la Junta sobre esta situación. Este organismo, a su vez, llevó el caso ante la Fiscalía para que se lleve a cabo una investigación formal debido a los indicios de delito. También se ha compartido la documentación requerida con la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía para facilitar la investigación.

Finalmente, la APAE no se ha quedado de brazos cruzados y ha exigido a la empresa involucrada la devolución de 351.396 euros que se habrían cobrado de manera irregular, además de reclamar 25.235 euros al empleado, correspondiente a su tiempo de suspensión laboral. Este supuesto fraude afecta a varias rutas de transporte escolar en la provincia, incluyendo casos en Chiclana, donde se ha descubierto que se pagó por servicios que solo se prestaron una vez, pero se facturaron en múltiples ocasiones a través de diferentes contratos.