La Audiencia Provincial de Huelva ha anulado el sobreseimiento de la causa "Zacallón", en la que se detuvo a siete personas vinculadas al Espacio Natural de Doñana por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y usurpación de aguas. El Juzgado de Instancia Número 3 de La Palma del Condado (Huelva) decretó el archivo de la causa en enero de 2021, pero la Audiencia Provincial estima el recurso interpuesto por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) contra el archivo de la causa por parte del juzgado de La Palma del Condado, al considerar que "carece de toda motivación" y acordando que "se adopte una nueva decisión debidamente motivada".

La Guardia Civil inició esta operación en 2019 al recibir información sobre la realización de sondeos supuestamente no autorizados en Doñana, con la particularidad de que esta irregularidad "se llevaba a cabo en presencia de vigilantes del propio espacio natural". La operación detectó 22 pozos "ilegales" y once balsas "irregulares" que "estarían afectando al acuífero". Además, se investigó que las autorizaciones para el pastoreo de ganado se encontraban "caducadas" y se localizaron construcciones "ilegales" de toriles.

La Audiencia considera que el auto dictado en esta causa en enero de 2021 "resulta deficitario en cuanto a la descripción de hechos que han sido objeto de la instrucción y, además, en cuanto a la valoración de los mismos, no ofrece ningún razonamiento que soporte la decisión de acordar el sobreseimiento". De este modo, la Audiencia estima el recurso de apelación interpuesto, declarando la nulidad del auto dictado y acordando que "se adopte una nueva decisión debidamente motivada".

La Guardia Civil inició las investigaciones al recibir información sobre la realización de sondeos supuestamente no autorizados en Doñana, con la particularidad de que esta irregularidad "se llevaba a cabo en presencia de vigilantes del propio espacio natural". Además, el instituto armado señala, respecto a los usos del agua, que se han detectado en el marco de esta operación 22 pozos "ilegales" y once balsas ('zacallones') que estarían afectando al acuífero, así como que las autorizaciones para el pastoreo de ganado se encontraban "caducadas" y, además, se localizaron construcciones "ilegales" de toriles.

Esta operación se enmarcó dentro del Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan Tifies), y del Proyecto Life 'Guardianes de la naturaleza'. En las investigaciones realizadas e informes aportados por diversos organismos, se constató "la pérdida de biodiversidad que estaba afectando a la regeneración vegetal, amenazando a especies de flora y fauna protegidas". Por todo ello, la Audiencia de Huelva apunta que en un asunto "de considerable entidad, trascendencia y complejidad, con numerosas partes personadas, alcanzando la causa un volumen de más de 2.000 folios, los requerimientos de motivación no se intensifican".