La Audiencia de Sevilla confirma el archivo del caso Sandra Peña y la responsabilidad del centro

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha ratificado el sobreseimiento de la causa contra el colegio Irlandesas de Loreto en el caso de Sandra Peña. La menor, que se suicidó en 2022, fue víctima de acoso escolar, pero la justicia concluyó que no se pudo establecer una relación de causalidad directa entre las acciones del centro y su fallecimiento.

Este fallo se fundamenta en que las medidas adoptadas por el colegio fueron insuficientes, pero no constituyen delito ni imprudencia que determine responsabilidad penal. La investigación mostró que Sandra, además del acoso, enfrentaba otros problemas personales que influyeron en su decisión, y que la acción del centro no fue deliberadamente negligente.

El fallo evidencia la complejidad de atribuir responsabilidad en casos de suicidio infantil en contextos escolares. La justicia subraya que, si bien el acoso escolar requiere intervención rápida y contundente, en este caso la actuación del colegio fue deficiente pero no delictiva. La decisión también refleja la dificultad de establecer vínculos directos en delitos relacionados con la salud mental.

Desde una perspectiva política, el caso reabre el debate sobre las responsabilidades del sistema educativo en la prevención del acoso y la protección emocional de los menores. La jurisprudencia actual muestra una tendencia a limitar la responsabilidad penal de los centros, aunque se insiste en la necesidad de protocolos efectivos y una supervisión continua. La administración educativa tiene un papel crucial en implementar medidas preventivas para evitar tragedias similares.

El contexto social y político en Andalucía y España en general sigue marcando una mayor atención a la salud mental infantil y a la lucha contra el acoso escolar. La justicia recomienda una supervisión especializada en los centros educativos y una respuesta más ágil. La futura legislación podría reforzar las obligaciones de las instituciones educativas en estos ámbitos, buscando equilibrar la protección de los menores y las responsabilidades institucionales.