Piden hasta 12 años y medio de cárcel para policías locales de Granada por acceder a VioGén

La acusación particular en el llamado 'caso Viogén' solicita penas de hasta doce años y medio de prisión para el exjefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, y para otros siete agentes del cuerpo, a los que atribuye accesos irregulares a la plataforma de seguimiento de víctimas de violencia machista.

El caso arranca en julio de 2024, cuando la víctima, expareja de un subinspector del cuerpo condenado por maltratarla, denunció que su agresor «siempre había estado al tanto de todos sus movimientos, incluso por delante de ella». Sospechaba que compañeros de la Policía Local consultaban su expediente en VioGén y facilitaban esa información a su expareja, o que este utilizaba las claves de aquellos.

Concluida la instrucción, el juzgado ha procesado a ocho agentes por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos. La Fiscalía había pedido el archivo, al entender que los hechos no constituyen delito penal, pero la acusación particular ha solicitado la apertura de juicio oral. Entre los investigados figuran el exjefe de Policía, un subinspector y un oficial del Grupo de Mujer y Menores, además de cinco agentes más de esa unidad.

Según el escrito de acusación, los acusados habrían realizado 47 accesos no autorizados a la plataforma entre el 25 de agosto de 2023 y el 4 de abril de 2024, sin dejar constancia de los motivos. La acusación recuerda que la custodia de la víctima correspondía en exclusiva a la Guardia Civil. Además, sostiene que las consultas partieron de una orden verbal del entonces jefe de la Policía Local para recopilar datos con vistas a un expediente disciplinario contra el expareja de la víctima, expediente que quedó paralizado ocho días después de su apertura. Según la acusación, las intromisiones no cesaron y el agresor fue ascendido a jefe de la Academia de Policía Local.

La acusación sostiene que estos accesos generaron «temor y desasosiego» en la víctima, que vivió en un «estado constante de alerta» y modificó sus rutinas de seguridad, algunas de ellas sin anotarlas en el sistema para evitar que la Policía Local las conociera. Por ello, pide que cada acusado indemnice con 20.000 euros a la mujer y a su hija, y dirige la acción civil subsidiaria contra el Ayuntamiento de Granada. Solicita también que las sesiones del juicio sean a puerta cerrada para proteger la intimidad de ambas.

El procedimiento se encuentra ahora pendiente de que el tribunal decida si abre juicio oral, en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 4. La decisión dependerá de la valoración judicial de las pruebas, entre ellas el requerimiento de direcciones IP solicitado por la acusación.