Renfe rechaza atribuirse los accidentes de Urda y Adamuz y defiende su gestión de personal
Renfe niega responsabilidad en los accidentes de Urda y Adamuz, separa su gestión de la infraestructura y defiende su plantilla y sus nombramientos directivos.
Renfe sostiene que ninguno de los dos accidentes ferroviarios recientes, el de Urda (Toledo) del pasado miércoles y el de Adamuz del 18 de enero, es imputable a la compañía. La operadora afirma que el mantenimiento y la gestión de la infraestructura no le corresponden, ya que se limita al transporte de viajeros y mercancías.
El comunicado, emitido este sábado, responde a las informaciones publicadas en los últimos días sobre la estructura directiva de la empresa. Renfe considera "carente de sentido" relacionar los sucesos con supuestas deficiencias en la seguridad del material rodante o con la organización del trabajo de su plantilla.
En el plano político, el debate gira en torno a una pregunta de fondo: quién responde por la seguridad en un sistema ferroviario donde operador e infraestructura están separados. Esa división institucional, heredada de la reforma ferroviaria, complica la atribución de responsabilidades cada vez que se produce un siniestro.
La compañía defiende además que sus nombramientos directivos se ajustan a la normativa vigente y responden a criterios de capacidad y experiencia. Según la empresa, los miembros de sus órganos de dirección acumulan trayectorias en gestión pública, ingeniería, planificación del transporte e innovación. Renfe rechaza lo que califica de descalificaciones genéricas sobre su profesionalidad.
En cuanto al gasto de personal, que ha pasado de 1.058 a 1.236 millones de euros, la empresa lo atribuye al cumplimiento de la tasa de reposición y a la incorporación progresiva de profesionales. Tras el acuerdo con los sindicatos de febrero, Renfe afirma haber contratado a 1.999 personas este año, con 157 plazas pendientes de convocatoria, lo que describe como la mayor incorporación en dos décadas.
La operadora presenta esas contrataciones como refuerzo de la seguridad: duplicación de operadores del Centro de Gestión de Operaciones, nueva categoría profesional, interventor en todos los trenes y especialistas de taller para el mantenimiento. Sobre las retribuciones directivas, asegura que se rigen por el Real Decreto 451/2012 y que no superan el límite legal.
El desenlace dependerá de las investigaciones en curso, que determinarán si las causas se sitúan en el material, en la infraestructura o en la operación. Para la opinión pública y los responsables políticos, la cuestión clave será si la separación entre gestor de vía y operador facilita o dificulta la rendición de cuentas.