Qué hay detrás de la subida de 175 millones para la RTVA en 2027

La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) recibirá en 2027 una transferencia de explotación de la Junta de 338,2 millones de euros, una cifra que supone 175 millones más que la asignada en el ejercicio actual. El dato figura en el estado de gastos de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias del proyecto de Ley de Presupuestos para 2027, aprobado por el Consejo de Gobierno.

Para entender el alcance de la medida conviene recordar la situación de partida. En 2026, la RTVA dispuso de un presupuesto de 180,2 millones, de los cuales 163,2 millones procedían de la transferencia autonómica. Esa cantidad ya había crecido apenas 3,1 millones respecto a 2025. El salto previsto para 2027 equivale, por tanto, a un incremento del 107 por ciento en un solo ejercicio, una variación poco habitual en las cuentas autonómicas.

La explicación oficial se encuentra en la disposición adicional vigesimosegunda del proyecto de ley. Según el texto, la entidad deberá cubrir un litigio fiscal relacionado con el IVA. El proyecto considera como coste del servicio público los impuestos soportados que la agencia o sus filiales no puedan deducir o recuperar. La finalidad declarada es neutralizar el efecto de esas contingencias sobre el patrimonio neto de la entidad y preservar su equilibrio financiero.

El mecanismo conecta además con un préstamo que la Junta concedió a la agencia en la Ley de Presupuestos de 2024, a través de la disposición adicional vigesimosexta de la Ley 12/2023. El texto prevé que, una vez resueltas las contingencias, el libramiento de la transferencia pueda condicionarse a la regularización contable que permita cancelar el saldo vivo de ese préstamo. Además, si sobrara financiación, las cantidades no aplicadas deberían reintegrarse a la Tesorería de la Junta.

El caso tiene una lectura política evidente. La RTVA es un ente cuya financiación ha sido objeto de debate en el Parlamento andaluz, y cualquier partida de este tamaño reabre la discusión sobre el modelo de gestión, la transparencia y el control del gasto público en medios autonómicos. La inclusión de la medida en la ley de presupuestos, y no en una resolución específica, refuerza el control parlamentario sobre su ejecución.

Las implicaciones son múltiples. Para la RTVA, supone garantizar liquidez frente a un riesgo fiscal de largo recorrido. Para la Junta, implica asumir un compromiso financiero de magnitud notable que dependerá del desenlace judicial del litigio. Y para la ciudadanía, plantea la necesidad de seguir de cerca si el dinero se destina efectivamente a cubrir la contingencia o si se consolida como un aumento estructural de la financiación del ente.

De cara al futuro, la evolución del litigio será determinante. Si los tribunales dan la razón a la agencia, la transferencia podría revisarse a la baja y los excedentes deberían devolverse. Si el fallo es desfavorable, la dotación extraordinaria podría resultar insuficiente o consolidarse en años posteriores. En cualquier caso, el seguimiento que realizará la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos será clave para conocer el destino real de estos 175 millones adicionales.