Qué significa la revisión gramatical que pide el Consejo Consultivo al Presupuesto andaluz 2027

El Consejo Consultivo de Andalucía ha recomendado a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos que revise desde el punto de vista gramatical el anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad para 2027. El dictamen, aprobado por el Pleno a petición del propio departamento, no cuestiona el fondo de las cuentas, sino la calidad de su redacción. La recomendación llega un día después de que el Consejo de Gobierno diera luz verde al proyecto, el 30 de octubre.

El órgano consultivo concluye que el procedimiento de elaboración se ajusta a las normas legales y reglamentarias y respeta el ordenamiento jurídico. Aun así, formula una serie de observaciones de técnica legislativa. Entre ellas figura la necesidad de homogeneizar el uso de mayúsculas y signos de puntuación, corregir discordancias de número y persona y unificar la citación de las denominaciones orgánicas.

El dictamen pone ejemplos concretos. Aparecen variantes como «Universidades Públicas Andaluzas» y «Universidades públicas andaluzas» dentro del mismo texto. Además, el anteproyecto contiene cifras pendientes de completar en la exposición de motivos y en varios estados y cuadros, que todavía figuran en blanco o marcados con aspas. Esta circunstancia obliga a una revisión antes de que el texto avance en su tramitación.

Hay también una cuestión terminológica de peso. La exposición de motivos habla de «conectividad entre municipios y provincias». El Consejo considera esa elección impropia, porque en el ámbito de las infraestructuras de transporte y la movilidad son más precisos términos como «conexión», «comunicación» o «vertebración territorial». El vocablo «conectividad» debería reservarse, según el dictamen, para las redes de telecomunicaciones.

Más allá de la corrección formal, el dictamen apunta a un problema de fondo: la accesibilidad del presupuesto para la ciudadanía. El Consejo recuerda que ya en dictámenes anteriores insistió en la importancia de que las cuentas públicas sean comprensibles. Propone, para el futuro, incluir un glosario de definiciones que facilite la lectura a quienes no son operadores jurídicos. La transparencia en el uso de los recursos públicos depende en buena parte de que el texto pueda entenderse.

El caso retrata una práctica habitual en la tramitación normativa: el dictamen no bloquea el proyecto, pero deja constancia de observaciones que la Consejería deberá atender antes de su aprobación definitiva. La cuestión es menor en apariencia, pero afecta a la seguridad jurídica y a la claridad de una ley que organiza buena parte de la actividad de la Junta. Queda por ver si las correcciones se incorporan antes del debate parlamentario.